Vecinos de Muskiz aseguran que la UE investigará la actividad de Petronor

La plataforma vecinal que se opone a la ampliación de la refinería de Petronor aseguró ayer que el comisario europeo de Medio Ambiente, el griego Stravos Dimas, investigará la actividad de la empresa. La asociación contactó con el comisario de la UE hace dos semanas "y nos has pedido que le remitamos toda la documentación que tenemos", señaló ayer la llamada Coordinadora anti-coke.

Un informe de una consultora medioambiental solicitado por el Ayuntamiento de Muskiz [ver EL PAÍS del pasado 2 de abril] ha concluido que Petronor, una de las diez empresas que paga más impuestos en Vizcaya, funciona sin licencia de actividad desde hace más de 30 años ni tiene los permisos para las ampliaciones de la factoría acometidas desde 1989 y también carece de la autorización de vertidos.

La asociación vecinal, que nació para oponerse al proyecto construir una planta de coque (una inversión de 750 millones con el fin de eliminar los residuos de refinería), valoró que Petronor es una "instalación clandestina". Este grupo ha presentado alegaciones avaladas por 7.000 firmas contra la llamada autorización ambiental integrada, el nuevo requisito de la UE que afecta a las empresas más contaminantes (284 en Euskadi, entre ellas Petronor) que debe estar concedido para el próximo 30 de abril, con la amenaza del cierre para las que no dispongan de este permiso.

Informe de salud

Además de las carencias en los permisos que cita el informe, los vecinos censuraron que la refinería no ha presentado "el preceptivo" informe de salud en la población ni las fichas toxicológicas de los productos que utiliza, "como obliga la autorización ambiental integrada", señalaron.

La plataforma mostró su agradecimiento, "pese a las presiones de Petronor", a "la postura valiente" del alcalde de Muskiz, Gonzalo Riancho (EA), quien también ha presentado alegaciones en nombre del Ayuntamiento, basadas en los informes que constatan la falta de licencias, pidiendo incluso el cierre de Petronor si no se adapta a la legalidad.

Además, tacharon de "poco ética e incluso delictiva" la próxima visita a la planta de la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, anunciada por EA tras difundirse el informe del consistorio de Muskiz y con el fin, según dijo esa formación política, de tranquilizar a la plantilla y garantizar el mantenimiento de la planta. "Es juez y parte", señaló la plataforma, refiriéndose a que este departamento es el encargado de conceder la autorización ambiental.