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Apuntes

Educación recula para cerrar la financiación universitaria

Font de Mora aparta al secretario autonómico de la negociación

Ignacio Zafra

Nadie canta victoria, pero la negociación para arreglar el caos financiero de las universidades públicas parece haber entrado en vías de solución. Educación ha apartado a Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidades, de las conversaciones, en un momento en que su relación con los rectores se hallaba bajo mínimos.

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El Consell elimina el recorte de 149 millones en gasto universitario

El mes pasado, la situación llegó a un punto difícil de empeorar: la deuda del Consell con los campus se elevaba a 400 millones de euros; el ejercicio de 2008 progresaba por primera vez sin ningún documento oficial que lo respaldara (lo que convertía los presupuestos aprobados por las universidades en papel mojado), y Educación (más concretamente, Barberá) insistía en que iba a haber lo que había: los 626 millones de euros consignados en los presupuestos de la Generalitat. Una cifra que suponía recortar en 149 millones lo que las universidades esperaban y consideraban aceptable: la prórroga para 2008 del modelo que había funcionado el año anterior.

Aunque todavía quedan "flecos importantes" por acordar, el entendimiento parece ahora posible, aseguran fuentes universitarias. En primer lugar, porque el departamento que dirige Alejandro Font de Mora ha aceptado prorrogar el modelo, lo que elimina el tijeretazo del secretario autonómico. En segundo, porque el Consell se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema de la deuda, una losa que amenaza seriamente el futuro del sistema. Y finalmente, porque el clima negociador ha mejorado considerablemente.

Fuentes de la consejería quitaron ayer importancia a la desaparición de Barberá de la primera línea de la negociación. El secretario autonómico ha sido sustituido por los directores generales de Universidades y de Régimen Económico. Desde el entorno de Barberá se señala que lo que se están produciendo son reuniones técnicas, por lo que su ausencia es normal.

Pero lo cierto es que en esas reuniones se ha llegado a principios de acuerdos que contradicen la línea dura de Barberá. Y que fue él en persona quien condujo el asunto hasta antes de las elecciones del 9 de marzo, incluido el rocambolesco intento de puentear a los rectores ofreciendo a los presidentes de los consejos sociales (la mayoría de ellos empresarios, nombrados por el Consell) pactar el futuro plan plurianual de financiación, una competencia que siempre han asumido los equipos rectorales.

El propio Font de Mora dio una señal al respecto esta semana al confirmar que la negociación discurrirá como reclamaban las universidades: primero hay que arreglar el agujero financiero y el presupuesto de este año, y más tarde hablar del próximo plan de financiación.

El principal obstáculo a estas horas es cómo abordar el problema de la deuda, que ha ido creciendo como una bola de nieve, formada por las transferencias ordinarias que los campus dejaron de recibir los cuatro últimos meses del año pasado; el plan de inversiones para infraestructuras firmado con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en octubre de 2005, y el dinero que debía haberse librado en concepto de trienios de antigüedad de las plantillas.

Dados los límites presupuestarios de la Generalitat, y las dificultades que tiene para seguir endeudándose, una de las propuestas que Hacienda ha puesto sobre la mesa consiste en reunir toda la deuda en un gran paquete e ir pagándola de forma plurianual.

En los tres últimos meses, Barberá ha puesto en duda el rendimiento de las universidades, ha declarado en que se encuentran entre las mejor financiadas de España, y ha insistido en que sus fondos debían ser recortados. En una comparecencia en las Cortes, el 11 de marzo, afirmó que el gasto por habitante en 2007 había sido de 157 euros por habitante, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Pero en esos datos había dos trampas.

La primera es que la cifra de gasto tomada por el secretario autonómico se refería a lo que deberían haber recibido las universidades (726 millones de euros), y no a lo que realmente recibieron (486). La segunda: si su división por habitante fuera correcta, resultaría que hay 4,62 millones de valencianos, en vez de los cinco millones que la Generalitat abandera en su insistente reivindicación al Gobierno.

"Barberá es quien más nos ha cohesionado"

Hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una unidad similar a la que han alcanzado las universidades públicas valencianas, comenta un dirigente universitario. Probablemente, por mucho que se mire hacia atrás, no se hallará nunca. El mismo interlocutor afirma que la causa es una enemistad compartida: la encarna Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidades, quien ha actuado, al menos hasta hace unas semanas, como virrey del área, a la vista de lo ocupado que los demás temas educativos han tenido al consejero Alejandro Font de Mora.

El mandato del anterior equipo, liderado por Justo Nieto, fue cualquier cosa menos pacífico. Pero tuvo el rasgo de dividir a las universidades. Algo previsible conociendo los antecedentes de Nieto en su larga etapa al frente de la Politécnica de Valencia, y los altibajos en la relación con el resto de sus colegas rectores. El factor sentimental y el factor orgánico (Nieto se rodeó en la consejería de ex vicerrectores de su universidad y de la Miguel Hernández de Elche) hacían difícil que dos de los cinco campus se le amotinaran, lo que no impidió que alguno de sus proyectos (caso de la Valencian International University, la VIU) recibiera una crítica unánime.

Barberá, cuya controvertida trayectoria académica se desarrolló lejos de las facultades valencianas, en la Universidad del País Vasco, para después afincarse en Estados Unidos, carece de los lazos personales de Nieto. Y, lo que seguramente ha sido más decisivo, no se ha caracterizado por su tacto. Ningún auditorio (la prensa, los consejos sociales, las Cortes, los responsables académicos) le ha cohibido lo suficiente como para no decir lo que seguramente piensa: que los gobiernos universitarios valencianos (y los españoles en general) son aficionados en comparación con los norteamericanos; que los profesores podrían trabajar más de lo que lo hacen por el sueldo que cobran; que otros centros europeos logran mejores resultados investigadores con presupuestos menores...

Esas reflexiones públicas respecto a quienes tenían que ser sus interlocutores, resultaba al principio desconcertante. A medida que la situación económica de las universidades se agravaba, parecía suicida.

En marzo, la deuda con los campus reconocida por la Generalitat se elevaba a 417 millones de euros. Sin contar con los intereses de los créditos bancarios pedidos por los rectorados para mantener abiertas las facultades durante el último cuatrimestre de 2007, periodo en el que el Consell dejó de transferirles dinero para pagar las nóminas y hacer frente a los proveedores.

En ese escenario de crisis financiera como un templo, Barberá declaró que el problema de los rectores era que "se ahogaban en dinero", a la vez que insistía en recortar en 149 millones su presupuesto en 2008. No es raro que incluso los dirigentes académicos más comedidos salieran entonces a criticar abiertamente al secretario autonómico, a quien en algunos despachos ya se conocía como "enemigo número uno de las universidades". "Todo tiene su parte positiva", añade el dirigente universitario del principio del texto: "Gracias a él estamos más cohesionados que nunca".

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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