PSE y PP rechazan definitivamente el Plan de Educación para la Paz

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, defendió el controvertido Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, con el argumento principal de su carácter "integral". "No es un plan antiterrorista de educación", replicó Azkarraga a las críticas que recibía, apalancado en su discurso sobre la necesidad de que "todos interioricemos el rechazo también a otras violencias, de las que los Estados pueden ser tristes protagonistas". "Es prioritario deslegitimar el terrorismo y también la tortura, la xenofobia, el acoso escolar, la violencia contra la mujer, etcétera", añadió.

El consejero, que vio cómo el asunto de Mondragón condicionaba todo el debate, acusó al socialista Rodolfo Ares de estarlo utilizando "como vía de escape" para no discutir sobre el contenido del documento. "No es legítimo usar un elemento puntual como el de Mondragón para no hablar nada del plan" y para poner en solfa la "coherencia en la deslegitimación del terrorismo" que el Gobierno, sostuvo, practica "con sus acciones en el día a día".

Pese al rechazo explicitado por el PSE y el PP, Azkarraga definió el plan elaborado por su Dirección de Derechos Humanos y aprobado en diciembre de 2007 por el Gobierno como "el suelo común de intervención (...) para el abordaje de la violencia terrorista o de cualquier otra violencia ilegítima".

Ayudas a presos

El consejero de Justicia defendió las subvenciones cuestionadas por populares y socialistas. Sobre las que se dedican a los familiares de presos de ETA para sus visitas a las cárceles, resaltó que un ministro socialista de Interior, Antoni Asunción, aprobó un decreto similar al existente ahora, del que se beneficiaron familias de presos "de la ETA que asesinaba cien personas al año". "Esto se ha hecho en los momentos más duros del terrorismo", le dijo a Ares.

Azkarraga se preguntó "qué culpa tienen las familias de los presos de las responsabilidades penales" de éstos y recalcó que las ayudas que concede su departamento "son legales". Con ello provocó la respuesta áspera del popular Santiago Abascal. "Las subvenciones son legales y que ANV esté en la alcaldía de Mondragón también. Pero no hablamos de legalidad, hablamos de moralidad", puntualizó.

A juicio de Azkarraga, no se puede poner como condición para recibir ayudas económicas de la Dirección de Derechos Humanos la condena del terrorismo, tal y como exigen el PSE y el PP. Por la misma regla de tres, los populares deberían haber exigido a la Fundación Francisco Franco, a la que subvencionaron desde el Gobierno central, una "declaración expresa de aceptación de los valores democráticos".

El debate de ayer dejó vislumbrar hasta qué punto se puede abrir de nuevo el abismo entre el Gobierno y los dos partidos de la oposición en el punto de mira de ETA. Es seguro que enrarecerá los homenajes previstos en la Cámara: este sábado al parlamentario popular Gregorio Ordóñez, con la colocación de una placa junto a la del socialista Fernando Buesa, y el fin de semana siguiente a las víctimas del terrorismo en su conjunto, con la inauguración de la escultura y la exposición en su recuerdo.

"No se puede estar en Mondragón con los violentos y a la semana dar palmadas en la espalda a la familia de Gregorio Ordóñez", apuntó el portavoz del PP, Santiago Abascal. Idéntica advertencia realizó el socialista Rodolfo Ares, en referencia al asesinato de Isaías Carrasco: "No admitimos que se nos acompañe un día en el dolor y luego se siga igual, como si no hubiera pasado nada".