El fiscal investiga a dirigentes vecinales por coacciones a chabolistas

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, tomó declaración ayer al presidente de la asociación de vecinos O Mirador de Monte Porreiro, Ángel Mario Lago, y un vocal del colectivo, José Manuel Dopazo, por un presunto delito contra los derechos fundamentales, otro de coacciones continuadas y otro más de amenazas.

Los líderes vecinales comparecieron como imputados, por actividades de las que informó al fiscal el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez. Éste hizo de representante de las tres familias del poblado chabolista de O Vao (Poio) que fueron realojadas en Pontevedra y que, finalmente, decidieron abandonar los pisos por la presión de los payos de Monte Porreiro. Según Giménez, los gitanos tuvieron que dejar las viviendas "bajo la amenaza y el miedo" a las represalias, después de ver cómo aporreaban sus puertas de madrugada y encontrarse con el coche destrozado. Sinaí Giménez también informó al fiscal de la situación que se vive actualmente en Caritel (Ponte Caldelas), donde crece la tensión vecinal por el realojo de dos familias.

El fiscal jefe investiga unas declaraciones de Ángel Mario Lago en las que aseguraba que los gitanos se irían de Monte Porreiro "por las buenas o por las malas". En sus declaraciones, tanto el presidente de O Mirador como su vocal argumentaron que en el poblado chabolista de O Vao "se realiza tráfico de drogas y venta de objetos robados". Además, informaron a Aladro de la existencia de un documento en el que se citaba a miembros de estas familias en relación con "distintas intervenciones de las fuerzas del orden" y aseguraron que sus protestas nunca se desarrollaron "contra las familias en concreto".