El Consell pone más obstáculos a Educación para la Ciudadanía

La Generalitat valenciana endureció ayer su estrategia para reducir Educación para la Ciudadanía a una maría. Los alumnos podrán aprobar la asignatura elaborando un trabajo por trimestre (tres en todo el curso). El tema será elegido por los alumnos entre los contenidos de la materia, y deberá redactarse en inglés.

El Gobierno ve ilegal la alternativa y anuncia que la recurrirá

Los sindicatos califican de "insumisa" a la Generalitat

Esta "opción B" (la A consistirá en seguir el "temario convencional", también en inglés) "elimina el temor de los padres objetores a que sus hijos sean adoctrinados, porque no tendrán profesor, solo un asesoramiento en el idioma", declaró un portavoz de la Consejería de Educación. La regulación valenciana de la asignatura garantizará también la "atención educativa" para quienes no acepten estudiar ninguna de las dos opciones. Y la dirección del instituto "velará para que no se produzca ningún tipo de discriminación" contra ellos, señaló Educación en un comunicado. Esa última referencia a lo que sería la opción C (objetar) no impedirá que quienes la elijan, suspendan. Lo cual, salvo que el Tribunal Supremo decida lo contrario, les impedirá obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, entre otras cosas, acceder a la universidad, admitió la consejería.

El Gobierno calificó la vía valenciana (opción B) de "propuesta ilegal", anunció que sus servicios jurídicos "tomarán las medidas oportunas" si se concretan en la orden, y recordó "que los responsables políticos deben dar ejemplo y ser los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes". "Ésta es una asignatura obligatoria como todas las demás y, por tanto, no tiene alternativas", afirmó una portavoz del Ministerio de Educación.

Las reacciones de la comunidad educativa y de la oposición valenciana tampoco se hicieron esperar. El diputado socialista Adolf Sanmartín calificó de "inaceptable" lo que consideró un intento del consejero Alejandro Font de Mora de "desnaturalizar una asignatura aprobada por las Cortes Generales a golpe de simples ocurrencias: primero amenazando con no impartirla en caso de victoria electoral del PP, después afirmando que se impartiría en inglés y ahora fomentando alternativas".

Vicent Mauri, responsable del sindicato STEPV, acusó al Consell de "utilizar a los alumnos valencianos en su lucha contra el Gobierno español, una actitud que preferimos no calificar". Mauri coincidió con el ministerio en el carácter "ilegal" de la orden anunciada por Font de Mora, por cuanto supone, opinó, "una modificación sustancial" del currículo aprobado por el Gobierno. "Las comunidades autónomas tienen la competencia de complementar la asignatura. Si el currículo de Literatura establece que debe estudiarse a Antonio Machado, la Generalitat puede ampliarla incluyendo a un autor valenciano, pero no eliminando a Machado", comparó Mauri, quien instó al Ejecutivo a acudir a los tribunales.

En la misma línea se expresó Manuel Picó, de Comisiones Obreras, que describió la opción B como "objeción light". "Se trata de una clara rebelión contra una ley orgánica, una insumisión al Estado irresponsable que abre la puerta a la objeción de conciencia a otras asignaturas y a otras normas de los centros educativos". Picó recordó que cuando, en la última legislatura de Gobierno del PP, la ministra de Educación Pilar del Castillo diseñó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), estableció la obligación de estudiar Religión o una alternativa llamada Hecho Religioso. "Nuestro sindicato se opuso a esa previsión porque las dos asignaturas tenían connotaciones religiosas, pero nunca llegamos a pedir el incumplimiento de la ley".

El anuncio realizado ayer por Font de Mora tiene otra lectura: el intento del PP valenciano por buscar una salida (con cierto aspecto de legalidad) al callejón sin salida al que su incitación a objetar, sin más, podía conducir a decenas de alumnos. La base legal para hacerlo es solo, por ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz. Contraria, por otra parte, a las que se han emitido en Cataluña, Asturias y Aragón. Si el Tribunal Supremo niega finalmente la razón al TSJ andaluz, ¿quién será responsable de que los alumnos valencianos no obtengan el título de ESO?