Reportaje:

Pederastas libres entre islotes de justicia

Los delincuentes reincidentes se benefician de la incomunicación del sistema judicial - Sólo las sentencias firmes se recogen en un registro - Otros condenados a prisión siguen en la calle

Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña de cinco años Mari Luz, no es el único pederasta condenado que andaba suelto. En 2007 la Audiencia de Sevilla condenó a 14 años de prisión a M. por un delito continuado de agresión sexual a su hija. El hombre acudió al Tribunal Supremo que, el pasado 8 de noviembre, desestimó el recurso de casación sin siquiera admitirlo a trámite. Desde esa fecha, M. debería haber ingresado en prisión. Hasta hace cuatro días no lo había hecho. Desapareció del pueblo, aunque algunos vecinos le han visto. Sigue libre, a sus anchas.

Reino Unido cuenta con un registro de agresores sexuales de acceso limitado
"En este caso no ha fallado el Código Penal, ha fallado el sistema"
Un 30% de los menores soporta los abusos sin contarlo jamás
"¿Qué hacer cuándo ya han cumplido la pena y tienen riesgo de reincidir?"

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El abogado Ignacio Fernández de la Mata, que representó a la víctima, aún está aguardando que le notifiquen el encarcelamiento de M., que forzó a su hija desde los 8 a los 14 años. "Hace cuatro días estaba en la calle, no entiendo por qué pero es así", se asombra el letrado. "No me ha extrañado nada el caso de Mari Luz, el sistema no funciona ni en estos casos ni para ejecutar un embargo judicial, faltan juzgados y medios", se queja.

La propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió el viernes que el sistema judicial falló en el caso de Mari Luz. Pero la situación del pederasta M. y la de otro condenado por agresión sexual en Lleida, que está en busca y captura desde hace más de un año, acreditan que el sistema falla demasiado. En los juzgados sevillanos se reconocía el viernes que las demoras en ordenar que se ejecuten sentencias de encarcelamiento no son excepcionales, aunque se excusen en la falta de medios.

Hay además algo asombroso en el historial judicial de Santiago del Valle. Cada juzgado por el que pasó actuó como una isla, un espacio sin conexión con el resto del sistema, un lugar ante el que el pederasta reincidente siempre comparecía como por primera vez. ¿Es que una juez de Gijón no puede saber de forma inmediata si un colega de Tarragona ha tomado alguna medida de relevancia sobre un acusado de pederastia? ¿No puede darle a un botón y acceder a los antecedentes de un sospechoso? No.

"No podemos permitir en el año 2008 que el juez de Almería que decide sobre un señor lo haga sin saber qué ha decidido otro juzgado; se trata de tener un sistema que permita saber al instante qué pasa con determinadas personas y determinadas causas", censura Antonio García Martínez, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Las comunicaciones se han revolucionado más que los juzgados. El único registro al que un magistrado puede acceder de forma inmediata desde su ordenador recoge a las personas que ya cuentan con una sentencia firme. Por eso, cuando un juez de Sevilla dictó en 2004 la segunda sentencia contra Santiago del Valle no aplicó la agravante por reincidencia. En el registro no figuraba el fallo de 2002 que le condenaba por abusar de su hija de cinco años, puesto que no era firme al haber sido recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que tardó tres años en pronunciarse. Una base de datos centralizada con resoluciones y medidas judiciales impediría la cadena de despropósitos ocurrida en el caso de Santiago del Valle, pero suscita algunas dudas su gestión y su naturaleza ya que podría chocar contra otros derechos.

"Los derechos siempre colisionan, tenemos que ponerlos en una balanza. La pederastia existe y puede mediatizar a un menor para el resto de su vida. En esa balanza creo que pesa más el daño del menor que la intimidad", defiende la decana del Colegio de Abogados de Ceuta y consejera del Consejo General de la Abogacía, Isabel Valriberas. "No atentaría contra ese derecho que los jueces puedan acceder; tampoco los datos de los contribuyentes son públicos pero los conoce la Administración Tributaria", apuntala.

Claro que una cosa es una base de datos para uso de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y algo diferente la creación de un registro de pederastas de carácter público como algunas voces reclaman. Los juristas, en general, defienden el primer modelo. "Tendría que ser una base de datos de acceso restringido a gente que pueda tener un interés legítimo; la publicidad de estas listas sería contraria a la Constitución", opina el portavoz de Jueces para la Democracia y juez de la Audiencia de Vitoria, Jaime Tapia. "Los registros tienen que cumplir requisitos legales para impedir que se vulnere el derecho a la intimidad", coincide la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Gabriela Bravo.

Los ejemplos de algunos países se observan con recelo. En Estados Unidos, cada criminal sexual excarcelado tiene que registrarse ante la policía de su Estado. La mayoría de los registros son abiertos. Además, hay bases privadas de datos donde cualquiera puede consultar si tiene algún vecino con antecedentes por delitos sexuales.

También el Reino Unido cuenta con un registro que depende de la policía donde figurará de por vida cualquier persona que haya cumplido una pena por delito sexual, que además se clasifica según su peligrosidad y el riesgo de que reincida. El acceso a este listado es más restringido que en Estados Unidos, pero está disponible para empleadores de forma que se vete el acceso de pederastas a entornos laborales donde abundan los menores, como puede ser un colegio.

En Colombia, la intención de levantar vallas para colgar fotografías de personas condenadas por violar menores se quedó en eso, en una intención. Es cierto, que se llegaron a proyectar imágenes de agresores sexuales en dos pantallas gigantes de un céntrico parque de Bogotá, pero poco después la Corte echó por tierra la propuesta por considerarla "anticonstitucional".

Hay entornos golosos para un pederasta. Francisco Jiménez se aprovechó de su condición de presidente del club social Las Portadas, en Dos Hermanas (Sevilla), para besar, acariciar, tocar y fotografiar genitales, nalgas y piernas de 20 niñas de entre 4 y 12 años. Tras admitirlo ante el juzgado, fue condenado a 61 años de cárcel. Los abusos sexuales a menores se registran, según un informe de la organización Save the Children, en cualquier sitio: en el propio domicilio, en los parques, en un coche, en el colegio, en campamentos y también en centros de protección, algo sobre lo que alertó el catedrático Félix López, autor del estudio más ambicioso sobre víctimas infantiles de abusos sexuales en España: "Es un problema institucional de primera magnitud pese a la resistencia de políticos y administraciones a plantearlo".

Fruto de la investigación de López se estima que en España hay un 23% de niñas y un 15% de niños que sufren abusos sexuales antes de los 17 años. Pocos llegan a los tribunales: a lo sumo 2 de cada 10. "Un 30% de las víctimas no se lo cuenta absolutamente a nadie porque teme la reacción de los demás ante la revelación, por sentimientos de culpabilidad o por vergüenza", exponen en el informe. Entre los agresores abundan rostros conocidos, familiares, íntimos.

No es infrecuente que el pederasta duerma en la habitación de al lado con la madre. Para la justicia, Santiago del Valle estrenó su carrera con su hija, aunque antes había abusado de su hermana pequeña. M., el pederasta condenado y desaparecido, también. Ahora que ha muerto Mari Luz surgen peticiones para endurecer las penas contra estos delincuentes. "No soy partidaria de pedir reformas por cada asesinato, no ha fallado el Código Penal, aquí lo que ha fallado ha sido la Administración de justicia", tercia la fiscal Gabriela Bravo para serenar el debate. "Antes de emprender una reforma del Código Penal habría que reformar la Administración de justicia", abunda la abogada Isabel Valriberas.

Los crímenes enardecen los ánimos, como se vio en Huelva el día que llegaron los detenidos al juzgado. Ese ambiente emotivo no parece la atmósfera más sensata para debatir sobre el Código Penal, pero algunos prefieren arremeter contra el texto antes que contra el sistema. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, defendió el encaje constitucional de la cadena perpetua siempre que exista un juicio de revisión. "Hay que medir no sólo la culpabilidad, sino también el grado de peligrosidad a la hora de reincidir y hasta que esto no lo asumamos sin tapujos no estaremos acertando".

La cadena perpetua, sin embargo, no tiene gran predicamento entre los jueces. "La pena tiene que estar orientada a la resocialización y a ayudar a devolver la dignidad a las personas, el derecho penal de los Estados democráticos es fruto de un larguísimo proceso que arranca con la Ilustración y cualquier paso atrás sería una vuelta a las cavernas", defiende el magistrado Antonio García Martínez. "La pena tiene que tener una finalización. No puedes tener toda la vida encarcelado a un señor que delinquió hace 20 años", esgrime el juez Jaime Tapia.

La defensa que ambos realizan del espíritu del actual modelo español, que pone punto final a las condenas, muestra que la opinión del portavoz del CGPJ es aislada entre los jueces españoles. Antonio García es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora. Jaime Tapia lo es de Jueces para la Democracia, progresista y minoritaria.

Tampoco el Gobierno parece que vaya a contagiarse del estilo Sarkozy de legislar a golpe de acontecimiento. Fernández de la Vega considera que no es el momento de debatir sobre el endurecimiento de las penas, como reclamó el presidente del PP, Mariano Rajoy. Al margen de la política, distintos expertos creen conveniente abordar reformas. "Hay una realidad que debemos afrontar, hay personalidades y patologías criminales que son irrecuperables", plantea el magistrado García Martínez. "Si hay un porcentaje de delincuentes sexuales que no son corregibles, ¿qué hay que hacer cuando ya han cumplido su pena y vuelven a la sociedad con un pronóstico elevado de reincidencia? Esto es lo que nuestra legislación no responde", argumenta.

Su apreciación coincide con la del Defensor del Menor andaluz, José Chamizo: "Hay un sector de pederastas reincidentes, el control sobre ellos tendría que incluir terapias, medidas de seguridad y, para quien lo solicite, la castración química". Investigaciones internacionales cifran la reincidencia en un 20%.

En Francia, Sarkozy ofreció la castración química y anunció la apertura de un centro para internar a pederastas con riesgo de reincidir al salir de prisión. En España, cuando un delincuente cumple su pena debe ser excarcelado por mucha repulsa que suscite, como ocurrió el verano pasado con José Rodríguez Salvador, cuyo larguísimo historial delictivo le adhirió el apelativo de violador del Vall d'Hebron. Informes penitenciarios alertaban sobre su riesgo de reincidencia, pero la Audiencia de Barcelona consideró que sería inconstitucional no excarcelarlo. Salvo que en el futuro se cambien las leyes.

Código Penal

- Artículo 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con prisión de uno a cuatro años. - Artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de 6 a 12 años.- Artículo 180. 3 Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de 13 años las conductas serán castigadas con prisión de cuatro a diez años para las agresiones del artículo 178, y de 12 a 15 años para las del artículo 179. - Artículo 181. El que, sin violencia o intimidación y sin mediar consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses(..). Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de 13 años (..).

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 31 de marzo de 2008.

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