La onda expansiva de la trama marbellí

La trama de corrupción descubierta por el caso Malaya ha hecho que en los últimos dos años se le preste una mayor atención a causas urbanísticas repartidas en los diferentes juzgados de Marbella (Málaga), ha desgajado al menos media docena de causas separadas e incluso ha derivado un proceso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que está imputado el magistrado Francisco Javier de Urquía, quien fue apartado del juzgado número 2 de Marbella el pasado verano. En esta causa, que se juzgará en Granada, también se sentará en el banquillo el ex asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, acusado de haber realizado pagos al magistrado.

En los últimos meses, el Tribunal de Cuentas ha emitido un duro informe en el que detalla los trapicheos de los últimos años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), y ha aconsejado al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella que revise si promotores que firmaron los convenios aportaron a las arcas municipales el capital y el patrimonio que les correspondía. Según el trabajo, que evalúa el periodo entre 2002 y marzo de 2006, se perdieron 58 millones de euros por vender propiedades o aprovechamientos municipales a precio de saldo y se dejó de cobrar a las empresas con las que firmaban los convenios hasta 9,7 millones de euros.

La ex alcaldesa Marisol Yagüe, también procesada, sigue acudiendo a los juzgados parapetada tras unas enormes gafas. En este tiempo han surgido nuevas causas. Una de ellas investiga la sustracción de atestados de tráfico en la época en la que era regidora. En el caso están imputados, además de Yagüe, el actual jefe de Atestados de la Policía Local marbellí, Francisco Javier Martín, y el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo. La antigua alcaldesa también está pendiente de la subasta pública de su chalé, situado en la lujosa urbanización marbellí de Xarblanca.