El 'caso Malaya' tardará al menos un año en juzgarse

Cuestión de meses, un año o dos. La puesta en escena del macrojuicio por el caso Malaya, con sus 86 procesados, sigue siendo una incógnita sin despejar en el segundo aniversario del comienzo de las actuaciones. La Consejería de Justicia calcula que se celebrará en un año y que sus numerosos procesados podrán prestar declaración en las nuevas dependencias judiciales que acaba de estrenar la capital malagueña. Hace un mes, en la vista en la que se revisó la prisión preventiva de Roca, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calculó que el juicio tardaría al menos dos años. En uno de sus últimos autos, el juez Óscar Pérez, instructor del caso, no es mucho más preciso. Después de repasar los trámites que restan, estima que todavía quedan "meses".

Se prevé que el auto de conclusión de sumario esté firmado en verano

En esta última semana, el emplazamiento y la forma en la que se celebrará el macrojuicio ha desencadenado un debate sobre la capacidad de la nueva Ciudad de la Justicia de Málaga, inaugurada a finales de 2007.

En principio, en la Consejería de Justicia mantuvieron que no era probable el juicio se celebrara en las nuevas dependencias judiciales. No veían factible que se ocupara durante meses un salón diáfano de unos 800 metros situado en los sótanos porque impediría que comenzaran unas obras. Apuntaban más bien a la posibilidad de que se desarrollara en una serie de módulos prefabricados, al igual que ocurrió con el juicio del 11-M.

En apenas unos días, Justicia rectificó esta postura con un comunicado en el que afirmaba sin asomo de duda que el nuevo edificio acogerá este esperado juicio. La Ciudad de la Justicia cuenta con 70.000 metros cuadrados construidos, el doble de lo que ocupaban las antiguas sedes judiciales malagueñas. En el texto se recordaba que se trata del mayor edificio administrativo de la región.

Mucho antes el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, apuntó otras alternativas, como la del Palacio de Ferias, de propiedad municipal. Según técnicos consultados, esta medida ha quedado descartada porque el gasto sería excesivo.

Con todo, la delegada malagueña de Justicia, Aurora Santos, calcula que harían falta unos ocho o diez meses de antelación para organizar los emplazamientos que ocuparán los acusados, sus defensas, el público y la prensa.

Mientras, el juzgado número cinco de Marbella sigue cerrando etapas de la instrucción. La última ha sido la decisión de dejar en libertad a Juan Antonio Roca, el máximo imputado, si paga una fianza de un millón de euros. Hasta ahora, el ex asesor de Urbanismo era el único procesado que seguía en prisión preventiva. El ex alcalde marbellí, Julián Muñoz, también imputado, está en la cárcel, pero cumple una condena por un delito urbanístico diferente.

El juez Óscar Pérez señala en su último auto que todavía tienen que terminar las declaraciones indagatorias, trámite al que ya se han sometido aproximadamente la mitad de los procesados, debe decidir si procesa a nuevos imputados a los que ha tomado declaración, y han de resolverse los recursos interpuestos contra el auto de procesamiento dictado por el juez Miguel Ángel Torres en julio.

En los juzgados de Marbella también esperan que llegue el resultado de comisiones rogatorias libradas a las autoridades de Andorra, Gibraltar, Isla de Mann y Confederación Suiza, en las que le preguntan sobre movimientos económicos en paraísos fiscales; y un informe económico de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.

Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión de sumario y el procedimiento pasará a la Audiencia de Málaga, algo que se calcula ocurrirá a lo largo del verano. Una vez allí, el Ministerio Fiscal redactará sus escritos de acusación y se citará a los letrados para que presenten los escritos de defensa, último trámite antes del señalamiento del juicio