El entorno de Roca recurre a bancos y amigos para reunir la fianza

Reunir un millón de euros después de dos años con numerosos bienes y cuentas bajo administración judicial no es fácil. Los abogados de Juan Antonio Roca, máximo imputado en el caso Malaya, creen que la familia tardará unos días en recaudar la suma entre amistades y entidades bancarias y así conseguir que quede en libertad. Casi desde el primer momento, se ha estimado que la suma pueda hacerse efectiva la semana próxima.

Los abogados del ex asesor de Urbanismo de Marbella, José Aníbal Álvarez y Yolanda Terciado, le visitaron el viernes en la prisión granadina de Albolote. Allí les transmitió su alegría y esperanza por volver a pisar la calle, pero también les dijo que no disponía de una cantidad tan elevada. Los letrados contaban con esta circunstancia. Hace un mes, cuando el juez Óscar Pérez les citó para revisar el auto de prisión preventiva de Roca, incidieron en el escaso margen económico de su cliente, por tener "todas sus propiedades y negocios" bajo administración judicial.

A pesar de ello, Óscar Pérez ha decidido que pague un millón de euros de fianza, la suma más alta hasta ahora, porque en la instrucción se ha acreditado que mantiene relaciones con "otras personas" con capacidad económica para prestarle el dinero. También ha tenido en cuenta la "razonable" sospecha de que puede ocultar fondos en paraísos fiscales. El magistrado ha tomado la determinación en contra de la petición de la fiscalía, que aconsejaba ampliar el tiempo de prisión preventiva de Roca hasta cuatro años, el máximo permitido por la ley.

El nuevo instructor del caso Malaya reconoce que hay un "riesgo elevado" de que Roca se fugue, pero le ha dado un voto de confianza, amparándose en que ha cumplido las medidas cautelares que le impusieron por el caso Saqueo, en manos de la Audiencia Nacional. Por esta causa, se enfrenta a una petición fiscal de 10 años de prisión.

Roca, nacido en Cartagena hace 55 años, está considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en Marbella hace dos años. Por este caso también ingresó en la cárcel la entonces alcaldesa marbellí Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), a la que el juez Miguel Ángel Torres, principal instructor del caso, consideraba "una marioneta" de Roca. La actuación acarreó la primera disolución de un ayuntamiento en España y el nombramiento de una gestora que encontró un agujero de 500 millones de euros en las arcas municipales.

En la causa, por la que están procesadas 86 personas, Roca está acusado de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. El juez Torres le calcula una responsabilidad civil de 1.000 millones de euros. Ese dinero servirá para pagar las indemnizaciones por el daño ocasionado a Marbella una vez que se celebre el juicio y haya sentencia.

El ex asesor de Urbanismo comenzó a hacer su fortuna tras instalarse en Marbella, hace unos 20 años. El Ministerio del Interior cifró su patrimonio en 2.400 millones de euros al comienzo de la operación. Entre la larga lista de bienes intervenidos destaca una enorme colección de arte, propiedades inmobiliarias en diferentes puntos de España, una ganadería, caballos, embarcaciones o un avión. En su último auto, el juez Pérez, reconoce que todavía se están haciendo tasaciones y estima que sus activos llegan al menos a los 200 millones.

Todo está en manos de dos administradores judiciales recientemente nombrados, ya que el anterior gestor presentó su renuncia hace un mes por "cuestiones personales". En los casi dos años que ha estado al frente del patrimonio, los abogados de Roca han cuestionado la gestión de los negocios de su cliente. Los ataques arreciaron cuando el juez autorizó la venta de un hotel y un palacio valorados en 42 millones.