Gobierno y Poder Judicial investigan el "trágico error"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene todo el apoyo del Gobierno para "llegar hasta el final" en la investigación del "gravísimo, terrible y trágico error judicial" que impidió ingresar en prisión al presunto asesino de Mari Luz Cortés. La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó ayer que la investigación interna abierta en el gobierno de los jueces sirva para que "el peso de la ley" caiga sobre los responsables de que Santiago del Valle, condenado a dos años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija, se hallara en libertad. Esa circunstancia, supuestamente, le permitió perpetrar la agresión contra Mari Luz.

Rajoy propondrá el incremento de penas para el abuso sexual de menores

La preocupación del Ejecutivo no se reduce únicamente al error judicial en que pudo incurrir el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado. De la Vega también manifestó su inquietud porque el sistema en su conjunto haya fallado. "La primera obligación del Gobierno, lo primero y más importante, es que hagamos funcionar el sistema judicial, porque no ha funcionado", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hay que empezar por trabajar de forma inmediata para que no vuelvan a ocurrir los hechos", añadió la vicepresidenta, quien aseguró que "el país no se puede permitir estos fallos del sistema".

Una de las propuestas para evitarlos partió del líder del PP. Mariano Rajoy recordó que el programa electoral de su partido proponía un endurecimiento de las penas para los pederastas. Esa propuesta se convertirá en una de las primeras iniciativas de su formación en el Congreso "cuando las Cortes hayan empezado a funcionar". Preguntada por esta posibilidad, la vicepresidenta aseguró que "el Gobierno no cree que sea el momento de abrir este tipo de debates".

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene contacto permanente con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con la propia vicepresidenta para seguir la investigación judicial de la muerte de Mari Luz, informa Efe.

Ayer se dieron los primeros pasos de la información previa -la más preliminar de las investigaciones internas- abierta por el CGPJ. El servicio de inspección realizó una visita al juzgado dirigido por Rafael Tirado, quien condenó a Del Valle en 2002 pero no ejecutó la sentencia. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguraron que las primeras impresiones apuntan a "un error clamoroso", en principio imputable al propio juez.

El supuesto error judicial de Tirado podría ser constitutivo de una falta grave de desatención, recogida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se castiga con la suspensión temporal de funciones, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial. La comisión permanente del CGPJ, que tiene previsto reunirse el próximo martes, podría acordar la suspensión provisional del juez si los hechos son suficientemente graves, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

"Se trata de un fallo del sistema extremadamente grave, por lo que hay que llegar a las últimas consecuencias para que no vuelva a ocurrir", aseguró el vocal progresista Juan Carlos Campo, que consideró "injustificable" que "unos hechos sucedidos en 1998 se sentencien en 2002, se confirmen en 2005, y en 2008, diez años después, tengan la pena por ejecutar". El vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, Campo y el también progresista Luis Aguiar, solicitaron ayer la convocatoria inmediata de la comisión permanente para que el jefe del servicio de Inspección informe sobre el caso y se tomen, de manera inmediata, las medidas correspondientes contra los responsables.