Obras públicas e industrias deberán minimizar el impacto en el paisaje

El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de Ley de Protección del Paisaje, una norma que cuando entre en vigor obligará a someter a un estudio de impacto paisajístico a todos los proyectos que legalmente estén sujetos a la declaración de impacto ambiental. La ley es una de las diez que el presidente Emilio Pérez Touriño prometió aprobar en 2007 y que el Gobierno no logró enviar a tiempo al Parlamento por culpa de "su complejidad". Hasta ahora sólo ésta y la de Saúde han sido aprobadas por el Consello.

Con la Ley de Protección del Paisaje de Galicia se suma a las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia, pioneras en la aprobación de normas para preservar su paisaje. Cuando el proyecto complete su tramitación parlamentaria, la Xunta deberá catalogar los paisajes de Galicia incluyendo un inventario de los valores paisajísticos de cada área y una diagnosis que identifique las zonas que precisan medidas especiales de protección e intervención. Medio Ambiente tendrá también que redactar directrices de paisaje para establecer la calidad adecuada para cada área y las acciones necesarias para alcanzarlas. Las directrices tendrán carácter vinculante para los instrumentos de planificación sectorial y urbanística.

Un observatorio, previsto también en la ley, se ocupará de apoyar y asesorar a la Xunta en esta materia en colaboración y coordinación con otras administraciones y sectores sociales.

El Gobierno bipartito aprobó además, en su reunión de ayer, el Plan de Cooperación para o Desenvolvemento para este año. El Ejecutivo ha elevado hasta 12 millones de euros la dotación de los programas previstos (un incremento del 29% en relación con el año anterior), que en su mayor parte se dirigen a países de África, Suramérica y el Caribe. El próximo mes de octubre, anticipó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la rueda de prensa posterior al Consello, se celebrará un foro internacional para evaluar y mejorar la cooperación exterior que financia la comunidad gallega.

La lista de acuerdos del Consello se completa con una inversión de 8,2 millones de euros para llevar a cabo mejoras en dos avenidas del centro de Vigo (Castrelos y A Florida) que discurren por sendas vías de titularidad autonómica. Una vez realizadas las mejoras previstas, la Xunta transferirá ambos tramos al ayuntamiento.

El Gobierno autorizó además la inversión de 32,5 millones de euros necesaria para la urbanización del Parque Empresarial de A Sionlla, que incrementará en 730.000 los metros cuadrados de suelo industrial disponible en Santiago y que contará con conexiones específicas con el ferrocarril y la autopista AP-9.

Nueva carretera

El presidente de la Xunta aprovechó la rueda de prensa del Consello para destacar la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la decisión del Ministerio de Fomento de contratar el estudio informativo de la vía de alta capacidad libre de peaje que servirá de alternativa a la AP-9 entre las localidades de Sigüeiro y Padrón. El estudio no estará concluido antes de 2010.

Los planes de Fomento y de la Xunta establecen la extensión de ese vial a lo largo de toda la fachada atlántica, sin perjuicio del compromiso del Gobierno central de negociar con la concesionaria de la autopista la ampliación de la AP-9 en las proximidades de A Coruña y a su paso por Santiago, Pontevedra y el puente de Rande.

En la misma rueda, Touriño anunció que, tal y como estaba previsto, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, le acaba de confirmar la adjudicación de la autovía Carballo-Berdoias, de 42,4 kilómetros de longitud y pieza fundamental del nuevo eje de comunicaciones de la Costa da Morte.

Los 219 millones de euros que consumirá esta obra de los presupuestos públicos la convierten en el proyecto de mayor envergadura puesto en marcha por el Gobierno bipartito. La carretera, destacó Emilio Pérez Touriño, está llamada a marcar un antes y un después para una comarca "desenclavada", periférica y aislada.

El Consello aprobó además el nombramiento del hasta ahora director del Instituto de Estatística, José Colino, como nuevo director general de Fondos Comunitarios de la Consellería de Economía, en sustitución de Aureliano García, que ha renunciado a petición propia.