El Gobierno andaluz llevará la misma propuesta que en 2006

El Gobierno andaluz fue el único que en la anterior legislatura puso las cartas sobre la mesa y presentó, en abril de 2006, una propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica. La Junta cree que este documento sigue siendo viable y que su propuesta sirve para todas las comunidades. De hecho, su idea es llevar al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera el mismo documento. Éstas son algunas de las claves del sistema vigente y del plan de la Junta.

- ¿Qué es la financiación autonómica? Es el sistema que cubre las necesidades de gasto que tienen las comunidades para hacer frente a las competencias que tienen asumidas. Sanidad, educación y servicios sociales son las prestaciones que absorben más recursos. Lo primero que se hace cuando se negocia el sistema es calcular las necesidades de financiación que tiene cada autonomía.

- ¿Cómo funciona el sistema vigente? En la actualidad, las comunidades reciben sus ingresos de una cesta de impuestos. Por una parte, están los impuestos cedidos totalmente a las autonomías (donaciones, sucesiones o patrimonio). Y por otra, los impuestos cedidos parcialmente por el Estado: 33% del IRPF, 35% del IVA y 50% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos). A más ingresos por impuestos recaudados en la comunidad, más autonomía financiera.

- ¿Qué es el fondo de suficiencia? Es el mecanismo de solidaridad que se aplica cuando los ingresos tributarios de las comunidades autónomas no cubren sus necesidades de financiación. Es decir, si una comunidad necesita 100 para pagar sus competencias y recibe 60 por sus ingresos tributarios, la diferencia, 40, llega del fondo de suficiencia. Se trata de una transferencia del Estado. Todas las comunidades, excepto Madrid y Baleares, reciben partidas del fondo de suficiencia. País Vasco y Navarra tienen un régimen especial.

- ¿Qué plantea la Junta? Sugiere elevar la participación de las autonomías en el IRPF y el IVA hasta el 50%. Considera que la población debe seguir siendo la clave del sistema, pero plantea introducir algunas variables. Así, propone que para calcular los gastos en educación se valore la población en edad escolar de cada comunidad. En sanidad, defiende las variables que suponen más dinero por la población protegida y las personas mayores, pero plantea dos nuevas: la población menor de cuatro años y el estado de salud de la población, que se puede medir a través de la mortalidad por grupos de edad.