Marbella solicita que se aplace la ejecución de 60 fallos urbanísticos

La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz (PP) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aplace la ejecución de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, amparándose en que es mejor esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no es necesario demolerlas.

Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andalucía, que denunció las irregularidades y solicitó la ejecución de varias sentencias. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmados a sus vecinos en los últimos 15 años.

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petición en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situación se ha dado cuando todas las partes implicadas están de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcción La Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.

Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales. Entre ellas está la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecución de una sentencia que implicaría la demolición de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcción ocupa una zona destinada a equipamientos.

En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo más. "No se puede dejar la ejecución de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobación inicial", opina la abogada Inmaculada Gálvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendría que haber marcado un plazo máximo para su cumplimiento", añade.

En su lucha para que el consistorio no dilate más la ejecución, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscalía al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan supone prevaricación. En su denuncia, los vecinos hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de parte del chalé de Banderas.

El fiscal todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar de Ecologistas en Acción. En ella, también se acusaba al equipo de Muñoz de supuesta prevaricación al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por el GIL entre 1991 y 2006.

Los vecinos de Arroyo Guadalpín también batallan por conseguir que se ejecuten los fallos. Reclaman que se cumpla una sentencia que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad y les quita vistas.