Un sector de los jueces exige un mayor control de su salud mental

Un bombero, un policía o un piloto, para poder serlo tienen que demostrar que están en sus cabales, en pleno uso de sus facultades mentales. Tienen que pasar pruebas psicotécnicas y de personalidad. Un juez, el encargado de decidir si alguien debe pasar 35 años en la cárcel, no. Tampoco va a ser evaluado durante sus años de ejercicio profesional. ¿Y si sufre depresiones severas, tiene un trastorno bipolar o esquizofrenia? El procedimiento para jubilar a los jueces por incapacidad es lento y complicado. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, encargada de sancionar a los magistrados, acaba de alertar de una realidad conocida en la judicatura: hay jueces con graves problemas de salud mental que continúan en sus puestos de trabajo y toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.

El caso del juez Ferrín Calamita reabre la polémica de la inhabilitación

No existe una 'segunda fila' donde destinar a jueces con patologías

El caso del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, recientemente suspendido de su cargo y sancionado por denigrar a los homosexuales en sus resoluciones, ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer normas específicas para afrontar este problema. Ferrín ha reconocido que sufre una "depresión reactiva en fase aguda" y que, al menos desde 1995, padece de "distimia", una alteración del estado anímico, y de "estrés laboral". Sus problemas de salud mental duran ya más de 12 años, pero sólo en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, decidió practicarle un examen médico para decidir sobre su jubilación por incapacidad. El procedimiento aún no ha concluido. La comisión disciplinaria del CGPJ elevó un informe al pleno en febrero en el que pedía que se trataran estos problemas. Este órgano, al que llegan las quejas y las denuncias, reconocía que había "constatado la enfermedad psíquica de determinados magistrados que siguen realizando sus funciones de manera irregular". Esta situación, según el informe, supone "un perjuicio para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y para la efectiva tutela judicial de los ciudadanos".

El pleno del CGPJ rechazó adoptar medidas al respecto alegando que, planteado así, el asunto produciría una alarma social injustificada. Y el portavoz, vocal conservador Enrique López, negó que hubiera una preocupación especial por estos casos. Sin embargo, la comisión disciplinaria del Poder Judicial no es la única alarmada. Asociaciones como la progresista Jueces para la Democracia también piden que se articulen medios para que los jueces con graves anomalías no puedan seguir actuando. Y un informe de octubre de 2006 del Poder Judicial reconocía que había en esos momentos unos 30 jueces con "padecimientos psíquicos".

"Que hay jueces que no deberían trabajar por problemas psíquicos lo sabemos todos en la carrera", señala Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia. "Formalmente trabajan, pero no ponen sentencias o las que ponen tienen carencias importantes". Tapia afirma que sería necesario un control psicológico previo al acceso a la judicatura, como el que existe en otros países. "Y después, el servicio de inspección del Consejo del Poder Judicial tiene que actuar con celeridad en cuanto detecte algún problema y adoptar medidas cautelares. Estos casos en seguida se saben. Pero a veces el propio Consejo es cómplice y espera a que lleguen denuncias formales ante situaciones que son sobradamente conocidas. Cuando se toma una decisión, el juzgado suele estar absolutamente colapsado y las decisiones del juez han afectado ya a muchos ciudadanos. Esto no puede ser. Ante todo, debe primar siempre el servicio público que es la jurisdicción", concluye.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué se deja durante años actuar a un juez claramente incapaz de ejercer su función? Una de las razones principales parece ser económica. Los jueces se oponen a ser incapacitados porque la reducción del sueldo es muy notable. "Casi el 60% del salario son complementos y eso no se tiene en cuenta a la hora de la pensión, por lo que los jueces jubilados pasan a cobrar menos de la mitad", explica Lorenzo del Río, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria. "Por eso, a diferencia de otras profesiones, los miembros de la carrera judicial rechazan sistemáticamente la jubilación ante los tribunales médicos", añade el vocal progresista del Poder Judicial, Javier Martínez Lázaro.

Otro problema es que no hay reglas especiales para jueces y magistrados, que están sujetos a las mismas normas que el resto de funcionarios. "No tienen unas causas de incapacidad específicas distintas de las de otros funcionarios", explica Martínez Lázaro.

Pero el trabajo que desempeñan es muy diferente. Hay patologías que en otras profesiones no incapacitarían a la persona pero que impiden ejercer la función jurisdiccional. El trabajo de un juez se basa en la argumentación, en la razón, y cuando están en órganos unipersonales la responsabilidad total y absoluta recae sobre ellos. Pero los médicos que evalúan la incapacidad no son siempre conscientes de este hecho diferencial.

"En la judicatura no existe una segunda fila donde destinar a jueces con patologías que impiden tomar decisiones trascendentes pero no inhabilitan para un trabajo normal", señala Martínez Lázaro. "Un fiscal, por ejemplo, puede dejar de acudir a juicios y dedicarse únicamente a hacer informes, pero los jueces y magistrados toman decisiones importantes todos los días.

"Hay jueces que tienen problemas para tomar decisiones, son dubitativos y no ponen sentencias", señala Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria. "Podrían, a lo mejor, hacer algún trabajo de apoyo, pero no estar al frente de un juzgado. Quizá para estos casos u otros que no sean muy graves podría hablarse de una incapacidad parcial y destinos de segunda. Es verdad que hay una laguna en la regulación que hay que definir".

Por todas estas razones, el Consejo General del Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia hace unos años que se articulara un sistema propio para estos casos controlado por el gobierno de los jueces en lugar de por la Seguridad Social. Ese nuevo sistema incluiría unas causas de incapacidad propias para magistrados, unidades evaluadoras específicas y establecería un período transitorio de seis años durante el cual el juez tendría derecho a cobrar el 80% de su sueldo. Así, el perjuicio económico no sería tan importante y los jueces se opondrían menos a dejar sus cargos cuando no pueden ejercerlos. Esta propuesta, que exigiría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha sido escuchada por el momento.

Mientras tanto, no es frecuente, pero sí posible, que los ciudadanos se encuentren a un juez depresivo, con ansiedad, que argumenta de forma absurda sus sentencias o que tarda tres años en ponerlas. Son casos contados, pero con una enorme trascendencia. Porque cada juez ejerce, por sí solo y de forma independiente, uno de los tres poderes del Estado. El de impartir justicia.