Un funcionario arrepentido revela a la Justicia la trama del 'caso Andratx'

La figura del arrepentido ha aparecido en la persecución penal de la corrupción ligada al urbanismo salvaje en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción, con la firma y el aval del fiscal jefe, Antonio Salinas, cerró antes del del 9-M un pacto judicial de colaboración con uno de los tres principales imputados de la trama del caso Andratx, el más importante de los escándalos políticos vinculados a la corrupción urbanística en las islas. Este caso llevó a la cárcel al que era alcalde del PP en Andratx, Eugenio Hidalgo.

El arrepentido que ha aceptado detallar cómo era la trama es Jaume Gibert, funcionario y promotor inmobiliario, que trabajaba como celador de Obras del Ayuntamiento, y que permaneció preso en dos ocasiones unos dos meses. A cambio de la cooperación con la Justicia, Gibert tendrá una condena menor, aunque no evitará recibir una sentencia con pena de cárcel. Las condiciones pactadas son secreto del sumario y se alcanzaron antes de la campaña electoral. Los abogados de los otros imputados cuestionan la estrategia de la fiscalía.

Gibert destapa el método, se autoinculpa y reconoce los hechos, según lo convenido con los fiscales baleares y en la declaración que hizo ante el juez con la mediación de su defensor, Juan Luis Matas. Gibert está en condiciones de asumir su implicación en aquellos asuntos que Anticorrupción ha documentado en decenas de causas separadas.

Su testimonio será fundamental en la vista para aclarar el papel desempeñado por sus compañeros de causa: además del ex alcalde Hidalgo están implicados el jefe de Urbanismo de Andratx y ex director general del Gobierno balear del PP Jaume Massot. Éste no ha estado en prisión pero los fiscales suponen que es un hombre en la sombra, un cerebro, e indagan su posible capital oculto en el extranjero, en paraísos fiscales. Massot los niega.

Empresarios, técnicos, abogados y arquitectos están acusados con distintas imputaciones en las más de 60 causas abiertas del caso Andratx. El núcleo central de la causa penal se reitera en hasta siete delitos desde tráfico de influencias o soborno, atentado contra el medio ambiente, negociaciones prohibidas o prevaricación. Desde septiembre de 2006, cuando estalló el caso, han desfilado por los juzgados más de un centenar de propietarios, funcionarios, testigos y promotores inmobiliarios.

La acusación pública supone que el celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, puede ayudar con su testimonio a destapar los posibles sobornos que se produjeron en este municipio, uno de los extremos más complejos de documentar por la cerrazón de los eventuales pagadores y la trama opaca de las múltiples sociedades intervinientes. Una de las colaboradoras municipales de Gibert, su superiora, la arquitecta Maribel Seguí, ya desempeñó un papel de cooperadora con los fiscales mientras se desarrollaron las detenciones del caso.

La primera vista del caso Andratx está prevista para la primera semana de mayo, ante la Audiencia de Palma. Entonces se conocerá el relato acusador de Gibert y aflorará previsiblemente el aparente método de acción corrupta generado en el urbanismo ilegal de esta localidad: dar licencias municipales para construir en parajes protegidos con falsos certificados de construcciones antiguas que permiten levantar nuevas casas.

Con el secretismo del pacto con Gibert, la Fiscalía ha querido evitar filtraciones al resto de imputados y, en especial, evitar contaminar el calendario político electoral. El que era en 2006 presidente de Baleares, Jaume Matas, y el consejero de Interior y secretario general del PP, José María Rodríguez, al estallar el caso Andratx acusaron a la Fiscalía de actuar con una hoja de ruta sujeta al tiempo político.

El PP perdió las elecciones locales y autonómicas de 2007 y en las generales del 9-M fue superado por el PSOE en las islas. Matas se marchó a EE UU y Rodríguez está punto de ser arrinconado. Ambos políticos contactaron con el alcalde Hidalgo antes de su detención. La fiscalía supone que Rodríguez alertó a Hidalgo, según se desprende de una conversación entre ambos que fue grabada por la Guardia Civil con autorización judicial, y del interrogatorio posterior de los fiscales al alcalde una vez detenido. Cuando era alcalde, Hidalgo transformó una casita rural en un chalé en plena área protegida. La fiscalía indica que se dio a sí mismo una licencia "radicalmente contraria a derecho", gracias a "una cobertura y apariencia de legalidad", y construyó una casa en una parcela prohibida.

La reconstrucción que la fiscalía ha hecho del método del urbanismo salvaje en Andratx se hizo repasando miles de documentos de licencias, planos, fotos aéreas de satélite y recorriendo todo el término municipal.