El Gobierno recorta las ayudas contra la pobreza de 51.000 a 8.000 personas

Este año, el número de catalanes que podrán percibir las ayudas de la Generalitat destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza asciende a 8.000. El año pasado, la cifra fue de 51.171 personas, de acuerdo con los presupuestos de la Generalitat, en los que, de un año al otro, el dinero previsto baja de 20 a 9,3 millones de euros. Esta disminución tan llamativa no sólo se debe a las "previsiones poco ajustadas" que se hicieron, según admite el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, sino también a que el Gobierno catalán ha cambiado los requisitos para computar los magros ingresos de los ciudadanos con derecho a estas ayudas, y el cambio restringe los potenciales beneficiarios.

La ley de prestaciones sociales de carácter económico acordada a lo grande en el Parlament en 2006 tenía en cuenta los "ingresos personales" de los candidatos a percibir estas ayudas, necesarias para alcanzar el listón mínimo pactado de ingresos que debería tener una persona en Cataluña, que es el llamado indicador de renta de suficiencia (IRSC) y se traduce en 544 euros por persona y mes. Pero la vara de medir que fija el decreto que desarrolló esa ley un año después es otra: la de los ingresos de "la unidad familiar o convivencial" de esa persona.

En la práctica, muchas personas con ingresos nulos o simbólicos no podrán optar a estas prestaciones porque conviven con un familiar con ingresos superiores que, sumados a los suyos, superan el listón mínimo de ingresos, el IRSC. Con el cambio normativo, se quiso "eliminar el efecto de inequidad de la nueva ley", explica Carmen Homar, directora del Instituto de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).

"Era discriminatorio que personas que viven solas con muy pocos ingresos puedan quedar sin estas prestaciones, porque superan por la mínima el indicador de renta de suficiencia y que, en cambio, muchas amas de casa sin ingresos sí lo cobren aunque vivan con un cónyuge que puede tener incluso ingresos elevados", añade Homar. "El objetivo de esta prestación no se puede pervertir, no se concibió para garantizar una renta básica a todo aquel que esté sin ingresos", declara. El listón a partir del que una unidad familiar o convivencial ya no puede percibir ayudas para necesidades básicas es de 6.098 euros al año.

CiU ha denunciado este cambio ante el Síndic de Greuges, al que pide que intervenga debido a los "perjuicios" que este desarrollo legal causará a "miles de personas con muy pocos recursos", según la carta enviada por el diputado Josep Lluís Clèries.

El mayor colectivo de afectados lo forman quienes perciben la pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), que asciende a 356,2 euros al mes y está algo por encima de las pensiones más bajas, las pensiones no contributivas, para quienes no han cotizado, situadas en 328 euros y que sí se están cobrando sin problemas y según lo que marca la ley.

Los ciudadanos que sólo tienen como ingresos los del SOVI y que viven solos pueden solicitar su prestación para este año, pero además pueden percibir ayudas con carácter retroactivo siempre que las hayan solicitado antes del 31 de diciembre de 2007. Clèries criticó, en este sentido, la falta de información a las personas con pensión del SOVI sobre estas prestaciones, "a diferencia de la campaña que sí se hizo con los complementos a las pensiones no contributivas".

Sólo 991 peticiones

Sea por la restricción de criterio o por información insuficiente, desde que se aprobó la ley, en el verano de 2006, hasta el 31 de diciembre de 2007, sólo 991 personas han pedido esta ayuda para cubrir necesidades básicas. Esta prestación noes una cuantía fija. A cada beneficiario se le paga la diferencia entre sus ingresos y el indicador de renta de suficiencia (544 euros al mes).

Acció Social y Ciutadanía previó primero que los beneficiarios serían 85.000 (según la memoria económica de la ley). Después, 51.000. Y luego, 8.000. "Las previsiones sobre los beneficiarios no fueron acertadas, pero la información de la Generalitat sobre la renta es muy limitada", subrayó Homar, que puntualizó que el cambio de criterio en el decreto "ya se había introducido en la Ley de medidas que acompañaron al presupuesto".