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Editorial:

El peor de los mundos

España carece de recursos para oponerse a la entrada de grandes empresas energéticas

El Gobierno español ha gastado una legislatura discutiendo con las autoridades europeas el derecho que le asiste a intervenir en las operaciones empresariales en mercados estratégicos, como el energético. El debate tiene malas perspectivas para las autoridades españolas: el grupo eléctrico francés EDF ha confirmado su interés en comprar empresas españolas -probablemente Iberdrola- al tiempo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba la razón a la Comisión Europea y suprimía las condiciones impuestas a E.ON en su OPA sobre Endesa.

De nuevo surge un enfrentamiento entre la necesidad de aplicar políticas de competencia en los mercados energéticos, defendidas por la Comisión, y la obligación que tienen los Gobiernos de garantizar el suministro energético y supervisar la solvencia financiera de operaciones en mercados regulados. Acierta Pedro Solbes cuando dice que si bien la legislación comunitaria permite a los Estados imponer condiciones en una operación estratégica, las interpretaciones de la Comisión lo impiden en la práctica.

La defensa de la libertad de capitales en Europa encierra graves contradicciones. Francia, Italia y Alemania tienen cerrados y sellados sus grupos energéticos, bien con participaciones públicas disuasorias, bien con blindajes corporativos que convierten a sus empresas en inabordables para capitales extranjeros. A veces, surge un guiño interesado a las autoridades de Competencia, como esa decisión de E.ON de vender su red de alta tensión para cumplir la regla de que quien produce la electricidad no controle la red que la distribuye. El paso es correcto, pero la principal barrera de entrada en un mercado eléctrico es la distribución; y en el caso alemán está en manos de las autoridades locales.

España, por el contrario, tiene abierta en canal su estructura energética. Y ello porque el primer Gobierno del PP privatizó totalmente Endesa, sin advertir las desventajas obvias que acarreaba tal modelo en un conjunto de mercados europeos cerrados. Con el agravante de que la teórica aceptación del modelo abierto, que obliga por coherencia a olvidar donde está establecida la empresa que vende gas, electricidad o gasolina en España, se mezcló torpemente con medidas proteccionistas, como las golden share o leyes arbitrarias que impedían la entrada de empresas públicas extranjeras.

Éste es el peor de los mundos: un mercado abierto, con empresas asequibles y defendido con leyes ineficaces, que las autoridades comunitarias van derruyendo poco a poco. No hay normas que impidan a EDF comprar Iberdrola, mientras que nadie puede comprar EDF. Sólo se puede reducir el daño si el Gobierno negocia enérgicamente con Francia condiciones de reciprocidad y garantías para los consumidores españoles. Eso y favorecer la creación de un gran grupo energético nacional. A estos efectos, el PP perdió ocho años y el PSOE, otros cuatro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de marzo de 2008