Los hermanos Bravo tenían 25 fincas sin inscribir en el Registro
Vigilancia Aduanera de Cáceres lo ha comunicado a la Fiscalía de Irún
La sociedad Roza Cabera, perteneciente a José María Bravo, principal imputado en el caso de la Hacienda de Irún, y a su hermano el ex senador del PNV Víctor Bravo, entre otros socios, poseía 25 fincas en Cáceres que no fueron inscritas en el Registro de la Propiedad, según desvela un informe de la Unidad de Vigilancia Aduanera.
La Fiscalía de Guipúzcoa denunció en su momento a José María Bravo como cabeza visible de una trama que se habría servido de "al menos" 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles para "asegurar el aprovechamiento" y "encubrir la procedencia ilícita" del dinero obtenido gracias a este presunto fraude, que la Diputación de Guipúzcoa sitúa en más de 8 millones de euros.
El informe al que hoy ha tenido acceso Efe ha sido elaborado por la Unidad de Vigilancia Aduanera de Cáceres, que lo ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún que investiga este presunto fraude por si "pudiera ser de interés para la causa". El documento hace una relación de las propiedades en Cáceres de la empresa Roza Cabera, 25 de las cuales no están inscritas en el Registro de la Propiedad y se encontraban sujetas a "expedientes de reanudación de tractos sucesivos".
El escrito detalla, además, otras 16 sí inscritas, 26 participaciones en distintos inmuebles rústicos y cuatro más que "han sido objeto de contacto de ventas". El texto precisa que las 16 fincas que sí figuran en el Registro de la Propiedad están "dotadas de vehículos de distinta índole", como todoterrenos y tractores, además de "caballerizas, granjas para animales y cafeterías", entre otros servicios.
El informe aclara también que todas estas adquisiciones generaron a Roza Cabera "elevados gastos jurídicos y de inversiones, derivados por facturas emitidas por un despacho de abogados del País Vasco, ya que era necesario la realización de un expediente de dominio para agrupar esa gran cantidad de pequeñas fincas". El documento explica que todas estas parcelas "constituyen una enorme extensión de terreno, cuyas dimensiones no se pueden precisar en estos momentos hasta que se realice una comprobación exhaustiva".
Por otra parte, fuentes jurídicas han explicado que Pedro María Atristrain ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones respecto a su persona, al igual que hizo en su momento la también imputada Pilar Gracenea, quien hoy cumplirá una diligencia de reconocimiento de firma en un documento.
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