La fiscal afirma que la principal acusada del 'caso Permanyer' "era capaz de todo"

La fiscal no escatimó ayer adjetivos para pedir al jurado un veredicto de culpabilidad para Carmen Badia, la principal acusada del crimen de la psicóloga Anna Permanyer. "Es astuta, manipuladora; con sus artimañas es capaz de lograr sus maquiavélicos propósitos". Y prosiguió con metáforas: "Tiene una gran codicia, utiliza a las personas como peones de ajedrez. Los demás son una orquesta que tocan a sus intereses. Por dinero es capaz de todo".

En otro momento la fiscal desgranó las 15 pruebas que, en su opinión, incriminan a Badia, aun admitiendo que el cadáver nunca se encontró y que no hay testigos directos del crimen. "No hemos visto caer la lluvia, pero sabemos que ha llovido", dijo para justificar la ausencia.

La principal prueba es el contrato de arras que, según acusación pública, Badia hizo firmar a Permanyer para simular la venta de una lujosa vivienda en la avenida Diagonal de Barcelona y que se redactó con la colaboración de la también acusada Anabel Toyas. "Ese contrato tenía una finalidad diabólica y lo hicieron de forma clandestina", expuso la fiscal a las siete mujeres y los dos hombres que forman el jurado. "Y que no les despisten la defensas con sus argumentos, porque Badia siempre tuvo como objetivo enmarañar, confundir, dificultar la labor de la policía".

Por eso envió anónimos cuando Permanyer desapareció en septiembre de 2004 y por eso provocó un incendio en la casa en cuestión cuando apareció el cadáver, según la tesis de la fiscal. Y eso explica que ya haya sido condenada por simulación de delito, apostilló.

Con más brevedad, pero con igual contundencia, la fiscalía pidió una condena para Joan Sesplugues, de 81 años. "Que no les mueva la compasión", dijo la fiscal mirando al jurado. "Él ha llegado a la vejez, Permanyer no podrá", añadió, antes de recordar que en el cadáver fue encontrado un cabello del hombre. Sobre Toyas, la fiscal fue aún menos incisiva y reconoció que "está arrepentida de lo que hizo", aunque tampoco tardó en zanjar cualquier duda advirtiendo al jurado: "Son personas que no se pueden salvar porque no tienen escrúpulos". Sobre ellos pesa una petición de entre 25 y 30 años de cárcel.

Las defensas creen que no existen pruebas contra sus clientes y los acusados hicieron uso de su último turno de palabra para proclamar su inocencia, incluso entre sollozos.