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Editorial:

A las urnas, contra la sinrazón

Deciden los electores, no los terroristas; y a más votos, más legitimidad de las instituciones

La legislatura que se despide nació marcada por el terrorismo yihadista y termina bajo el signo de la violencia etarra. Ahora como entonces, cualquiera que sea el resultado que salga de las urnas expresará la voluntad de los ciudadanos libremente manifestada, y no la de los terroristas. Sin embargo, aquellos que durante los últimos cuatro años han utilizado con ahínco el bulo y la mentira contra la democracia a propósito del 11-M comienzan ya a extender la especie de que una victoria socialista alejada de lo que predicen los sondeos será consecuencia del asesinato de Isaías Carrasco. El objetivo no es otro que deslegitimar el veredicto de la jornada de hoy si no es el que les gusta. Ésta es la miserable idea que tienen de la sociedad española, habituada, por desgracia, a ejercer el voto una y otra vez con responsabilidad pese a los más de 200 asesinados en vísperas electorales.

ETA cometió medio centenar de atentados en los días previos a las elecciones de junio de 1977. En las elecciones generales de marzo de 1978 fueron seis los asesinados. En 2000, ETA mató al parlamentario socialista Fernando Buesa y a su escolta. ¿Fue ilegítima la mayoría absoluta obtenida por José María Aznar ese año, un resultado que en ningún momento anunciaron los sondeos? ¿Fueron ilegítimos los Gobiernos salidos de las urnas en otras tantas ocasiones? En absoluto. La arbitrariedad sanguinaria de los terroristas magnifica el valor del voto, máxima expresión de cualquier democracia.

Hace cuatro años, la mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación propugnaron, como respuesta al desafío lanzado por los autores del 11-M, llenar las urnas de votos, es decir, reforzar las instituciones y fortalecer al Gobierno y a la oposición para hacer frente, concertadamente, a ese desafío. El electorado respondió con un aumento de la participación de siete puntos (del 68% al 76%). Sin embargo, las mismas voces que hoy escatiman la legitimidad democrática a la sociedad española consideraron entonces que el incremento en 3,2 millones del número de votantes suponía una distorsión de la voluntad ciudadana; e incluso se teorizó la conveniencia de establecer una norma que permitiera aplazar las elecciones si un atentado trataba de condicionarlas. Hoy vuelven a hacerlo.

Despropósitos e ignominias

Repugna oír de nuevo a estos voceros mediáticos del ventajismo reclamar la necesidad de arbitrar un mecanismo que permita suspender unas elecciones por una acción terrorista. Semejante despropósito dejaría en manos de los terroristas la posibilidad de decretar, por la vía de la sangre, un estado de excepción que sólo a ellos beneficiaría. ¿Hasta cuándo habrá que soportar la ignominia de los que tratan de obtener réditos del terrorismo? ¿No ha quedado claro que la democracia española sería más fuerte si en la legislatura la política antiterrorista no hubiese sido utilizada por el PP para desgastar al PSOE? Para muchos ciudadanos la respuesta a estas interrogantes es sólo una: el PP es incapaz de soportar la posibilidad del fin de ETA bajo un Gobierno socialista.

Votar hoy, por tanto, es lo más importante. La consigna repetida ayer por casi todos los políticos y medios responsables de acudir masivamente a las urnas tiene una motivación adicional: la llamada de ETA a la "abstención activa" como forma de deslegitimar las instituciones ante "el nuevo periodo de opresión contra Euskal Herria". Opresión es lo que padecen los vascos sometidos a la dictadura de ETA, y especialmente los electores de localidades pequeñas, que se sentirán vigilados si acuden al colegio electoral. ¿Cuántos de ellos optarán por renunciar a su derecho democrático a cambio de no padecer la ira de los violentos?

La debilidad de ETA

Pero la consigna de abstención supone también el reconocimiento por parte de ETA de su debilidad. No se atreven a llamar al voto nulo por temor a que el escrutinio revele la pérdida de apoyos, tras la ruptura de la tregua, respecto a las elecciones de 2004. Los cuatro años de crispación durante la legislatura han estado relacionados en buena medida con la cuestión terrorista. ¿Pretenderán los instigadores del bulo de la conspiración del 11-M prolongarlo ahora en relación a las intenciones de ETA con este atentado? Mariano Rajoy debería desautorizar de inmediato a los lunáticos que ya comienzan a lanzar semejantes insinuaciones.

Ante la muerte del ex concejal socialista, lo demás parece ahora agua pasada. Pero lo cierto es que ha habido una campaña, con sus luces y sus sombras. Las elecciones llegan en un momento en que la desaceleración económica amenaza el excelente registro de la legislatura en ese terreno. Era, pues, el momento de discutir con rigor sobre el futuro, desde la presencia de las empresas españolas en el exterior hasta la extensión y la calidad de los servicios que debe prestar un Estado con las cuentas saneadas y ante un incierto horizonte económico internacional.

Desde 2004 hasta hoy, la agenda sobre la que se han enfrentado los partidos ha sido más ideológica que política. Durante estos años, se ha vuelto a discutir sobre el ser de España, sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sobre la moral individual que deben admitir o no las instituciones, sobre la memoria y el pasado fratricida. Incluso en el ámbito de la política exterior, los debates han estado muchas veces marcados por los alineamientos teóricos que debía adoptar la diplomacia o, incluso, por la polémica en torno a grandes conceptos como la paz o las civilizaciones. Sería deseable que, sea cual sea el resultado, se realizara un esfuerzo por regresar al terreno estricto de la política. Sobre la base de la Constitución, de las instituciones y procedimientos que han demostrado su vigor, los ciudadanos estamos llamados a las urnas. Es preciso responder a la llamada, y votar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de marzo de 2008