Más interrupciones de embarazo en el Sergas

"En Galicia sólo las coruñesas tienen garantizado el derecho al aborto". La aseveración figura en el manifiesto de la Marcha Mundial de las Mujeres en donde se explica que las coruñesas con poder adquisitivo "sólo tienen que acudir a una clínica privada en donde un psiquiatra les emite un informe autorizando el aborto -bajo el supuesto terapéutico de peligro para la salud psíquica de la madre- que después paga la Seguridad Social". 22 años después de la despenalización, ningún ginecólogo de la sanidad pública de A Coruña está dispuesto a practicar abortos, por lo que "la inspección sanitaria paga y autoriza las interrupciones en una clínica privada".

En toda la comunidad gallega, el 97% de las interrupciones voluntarias de embarazos se practican en las tres clínicas privadas que prestan este servicio sanitario, según datos de los centros de planificación familiar, mientras que el 2% restante se hacen en la sanidad pública. Además, entre las más de 2.000 gallegas que deciden interrumpir su embarazo al año, el 95% son derivadas a clínicas de Madrid, Barcelona u Oviedo. "Y cuando el feto es inviable, lo más probable es que se acuda a abortar a París con la tarjeta sanitaria española: en Galicia resulta prácticamente imposible".

Pero al menos en Ourense la situación va cambiando lentamente, "en la medida en que lo permite la Ley", comenta la asistente social del Centro de Planificación Familiar, Celsa Pérdiz. Según datos de este organismo recabados en 2006, la sanidad pública realiza el 15% de los abortos demandados en la provincia, una cifra considerablemente superior a del resto de España y que evidencia que la objeción de conciencia va disminuyendo.

Una apreciación que confirma el hecho de que son en este momento tres los ginecólogos orensanos de la red del Sergas que no se amparan en la objeción de conciencia para practicar abortos en la sanidad pública cuando hasta hace apenas unos años este papel lo asumía en solitario el médico José Luis Doval.

A la vista de la situación orensana, las feministas entienden que si se ampliara la Ley, el problema desaparecería. Datos procedentes del mismo Centro de Planificación de Ourense reflejan que el mayor porcentaje de solicitud de abortos se da en menores de 25 años y que las que más abortos demandan son las que tienen menos hijos.