El Consell llevará al Constitucional otra norma estatal

Rambla denuncia la injerencia de la ley estatal de empresas de inserción laboral

El Consell llevará al Tribunal Constitucional otra norma estatal. El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra le ley estatal que regula las empresas de inserción social porque la norma "colisiona" con las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de servicios sociales.

El Consell anunció otro recurso contra las ayudas estatales al alquiler joven

El objeto del recurso es, según explicó Rambla, solicitar al Constitucional que delimite las competencias de servicios sociales reconocidas en el Estatuto de Autonomía valenciano. El Consell espera que con este recurso, el alto tribunal derogue "determinados preceptos y disposiciones de la ley estatal que no respetan dichas competencias". El portavoz recordó que el Consell remitió a las Cortes esta norma, que fue aprobada en 2007, antes que la estatal y tiene, "en esencia", dijo, el mismo objeto.

La Generalitat insiste en que ambas normativas regulan el régimen jurídico de empresas de inserción, que "incorporan a personas que tienen una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo, como las personas discapacitadas". Tanto la ley autonómica como la estatal promueven la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de estas entidades. El Estatut valenciano otorga competencias a la Generalitat en servicios sociales, instituciones públicas de protección y ayuda a menores, jóvenes, inmigrantes, tercera edad, personas con discapacidad u otros grupos y sectores necesitados de protección especial, junto a la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Por ello, Rambla ha remarcado que la ley estatal supone "una injerencia" y "entra de pleno en las competencias propias de esta comunidad autónoma".

El Gobierno valenciano ya presentó hace pocas semanas una queja contra la norma que regula las ayudas al alquiler para jóvenes. El siguiente paso será llevarla ante el Constitucional. Los argumentos en este caso son prácticamente iguales a los expuestos ayer por el portavoz Vicent Rambla para la ley de empresas de inserción.

El Consell acordó destinar a las universidades públicas 46,2 millones de euros para gastos financieros.

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