La Iglesia recibe 900.000 euros por la atención religiosa en los hospitales

La Generalitat acaba de destinar 900.000 euros a la Iglesia católica para costear la atención religiosa en los hospitales. Los fondos se destinan a sufragar los salarios de los sacerdotes que trabajan en la red pública sanitaria, así como los "gastos de funcionamiento", que suelen limitarse a las formas y a la compra de libros.

La financiación de la atención en los centros hospitalarios (extremaunción, celebración de cultos, asesoramiento "en cuestiones religiosas y morales") se enmarca en la orden aprobada por el Gobierno en diciembre de 1985, que desarrolló el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de enero 1979. La normativa estatal fue trasladada a la autonómica el 9 de octubre de 1992, en la etapa del socialista Joan Lerma, con la publicación de un convenio firmado por el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Colomer, y los obispos de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa.

La distribución de los capellanes en los 27 hospitales de la red pública (sin contar los dos de gestión privada) se efectúa en función del tamaño del centro: hasta 100 camas, un cura a tiempo parcial; de 101 a 250 camas, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, hasta alcanzar los cinco capellanes (algo que solo ocurre en La Fe) que trabajan en los hospitales de más de 1.800 camas. El número aproximado de sacerdotes hospitalarios ronda los 80. El sueldo es bajo. La mayoría de los capellanes, incluidos los que llevan años desempeñando la misma función, cobra menos de 1.000 euros. Las características del trabajo exige que hagan guardias por las que no reciben complementos salariales, según fuentes eclesiásticas. Al igual que ocurre con los profesores de religión de los centros públicos, aunque en ese caso no se trate de religiosos, su nombramiento y despido está reservado a los obispos.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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