El Metro de Valencia renuncia a 700.000 euros por publicidad

El año anterior ingresó 1,5 millones de euros y una de las empresas aspirantes a la nueva concesión ofrecía un canon mínimo de 1,8 millones, pero Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha preferido adjudicar el servicio de explotación de la publicidad en las instalaciones del Metro de Valencia por un importe de 840.000 euros.

La adjudicación figuraba ayer en la página web de FGV como "pendiente"

Esa renuncia a ingresar al menos 700.000 euros no es el único dato sorprendente de un concurso que está recurrido ante el juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Valencia por la empresa Publisistemas, filial de la multinacional francesa Metrobus Publicité-Publicis, que explotó la concesión durante 15 años y que ha sido desplazada por una unión temporal de empresas (UTE) formada por Promedios (actual concesionaria de la EMT de Valencia) y Publiasa, del grupo alicantino Subús, cuyos dirigentes tienen vinculaciones con el nuevo consejero de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores.

El recurso dibuja varias presuntas irregularidades en la concesión; entre ellas, la de que se alteró la evaluación inicial de la mesa de contratación para aumentar la puntuación de la UTE ganadora que, además, carece de experiencia en el sector de la publicidad estática en suburbanos, uno de los puntos principales en la plica de condiciones.

La UTE en la que participa Subús pasó por delante a firmas como CBS (concesionaria de la publicidad en el Metro de Londres), Publisitemas (del Metro de París), JC Decaux (de los metros de Bilbao y Barcelona) o Publimedia (del Metro de Madrid), entre otras. Aunque la presentación de ofertas se hizo el 17 de septiembre y la apertura pública, el 24, la adjudicación se produjo el 18 de diciembre, días antes de que expirara la concesión vigente.La adjudicación de la "concesión del servicio de explotación de publicidad en las instalaciones de FGV en la provincia de Valencia" figuraba ayer mismo todavía como "pendiente" en la página web de la empresa pública de la Generalitat. Sin embargo, tal adjudicación se publicó el pasado día 20 de febrero en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, suscrita por la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia. Este periódico intentó ayer sin éxito obtener la opinión de Marisa Gracia sobre el contencioso por la licitación, así como sus respuestas a preguntas sobre el depósito de la fianza y el pago adelantado del primer trimestre por parte de la concesionaria, previstos en el pliego de condiciones.

El presidente del grupo Subús, Joaquín Arias, que integra la UTE ganadora del polémico concurso del Metro de Valencia, es un empresario leonés afincado en Alicante que desde finales de los años setenta gestiona el autobús urbano e interurbano en la capital alicantina. La empresa matriz del grupo Subús es Auplasa (Autobuses Playa de San Juan, SA ). En total, el consorcio empresarial está integrado por 13 empresas del sector del transporte de viajeros y de servicios. Una de esas 13 empresas es la firma publicitaria Publiasa, creada en 1987, que es la que participa en la licitación de la publicidad del Metro. Más adelante, Arias incorporó a su abanico de negocios la explotación de dos restaurantes y la elaboración de vinos en Novelda. Su última apuesta fue su incorporación con una participación del 10% al grupo empresarial que impulsa la polémica planta de biodiésel en el puerto de Alicante.

El brazo derecho del veterano empresario es su hijo Antonio Arias, miembro del consejo de administración del grupo. Antonio Arias asume de hecho la representación del grupo en la mayoría de las negociaciones y firmas de convenios.

Las relaciones de la familia Arias con el actual consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, son "extremadamente" cordiales, según fuentes del entorno del empresario. "Su hijo [Antonio Arias] y el consejero Flores viven en sendos chalés en la misma urbanización, una zona residencial en el barrio de Vistahermosa de Alicante", señalan esas fuentes. La decisión de Arias de entrar en el proyecto de la planta de Biodiésel del puerto de Alicante se produjo bajo la presidencia Mario Flores en la Autoridad Portuaria. El Ayuntamiento, tras la férrea oposición vecinal a la planta, optó por frenar la licencia. El grupo promotor de la obra ha recurrido a los tribunales.

Con motivo de la construcción de la línea 2 del Tram, que también gestiona FGV, Arias se ofreció a realizar las obras de la infraestructura a cambio de la explotación posterior del servicio. Su ofrecimiento no prosperó. Sin embargo, la Consejería de Infraestructuras se plantea ahora privatizar la gestión del tranvía, concurso al que optaría con toda probabilidad Arias. Éste tendría que superar la competencia del primer contratista de Alicante, Enrique Ortiz, que ya ha extendido su negocio a ese sector, en concreto en Murcia.