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Las prestaciones por riesgo en el embarazo caen un 73%

CC OO culpa a las mutuas de negar bajas por peligro laboral

Lluís Pellicer

La Ley de Igualdad ha tenido algún efecto adverso. Desde su entrada en vigor en abril de 2007 hasta el mes de diciembre, el número de prestaciones de riesgo profesional durante el embarazo cayeron un 73% en Cataluña respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe del sindicato CC OO elaborado a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estas prestaciones son bajas que el médico prescribe porque el entorno laboral o la tarea que se desempeña pueden perjudicar el desarrollo del embarazo.

La secretaria de la Mujer de CC OO, Rosa Bofill, atribuye este descenso a que la Ley de Igualdad traspasa la gestión de estas prestaciones a las mutuas de trabajo y no al Instituto Catalán de la Salud (ICS). "El ICS daba la prestación por riesgo, mientras que las mutuas las declaran por enfermedad común", asegura Bofill. En ambos casos, la mujer recibe la baja médica, pero no en las mismas condiciones. En el caso de que se reconozca que la futura madre corre riesgo en su lugar de trabajo recibe el 100% de su salario, mientras que si se trata de una enfermedad común sólo cobra el 75%.

Una portavoz del Departamento de Salud ha confirmado que son las mutuas las que dan ahora estas prestaciones. Si de abril a diciembre de 2006 se dieron 528 prestaciones, en el mismo periodo de 2007 sólo las recibieron 143 mujeres. La caída es bastante homogénea en toda España: se pasó de 10.122 bajas por riesgo laboral a 2.653, el 73,8% menos. Bofill acusó a las mutuas de "ahorrar dinero a la Seguridad Social para tener más puntos para perpetuarse como gestoras", en este caso "a costa de las mujeres". Además, propuso que se vuelva "a la situación anterior", cuando eran las administraciones las que gestionaban estas prestaciones.

El gerente de la Asociación Catalana de Mutuas de Accidentes de Trabajo, Jordi Rossell, asegura que las mutuas han asumido "esta prestación sin ningún tipo de contraprestación", por lo que niega que haya ningún interés en reducir las bajas. Rossell recuerda que hace apenas dos semanas que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicó el protocolo de actuación, que se deberá compaginar con el elaborado por la asociación.

A pesar de este efecto colateral de la Ley de Igualdad, los sindicatos CC OO y UGT coinciden en que es pronto para evaluar la aplicación de esta norma. Ambas organizaciones convienen en que el texto legal se evaluará a medida que se vayan negociando los convenios colectivos de las empresas, que deberán incorporar sus exigencias.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Eva Granados, asegura que la Ley de Igualdad "está bien, pero no es suficiente". Sus carencias, razona, están en que la norma precisa ir acompañada de servicios como guarderías para que se concilie la vida laboral con la familiar.

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El informe de UGT indica que la tasa de mujeres que trabajan a tiempo parcial es del 23,2%, frente al 4,3% de los hombres. La secretaria de Política de Mujer e igualdad de UGT, Raquel Gil, considera que la jornada a tiempo parcial "es una trampa" para la conciliación, puesto que está provocando precariedad. Además, sostiene, en muchas ocasiones es la salida para poder cuidar de los hijos o mayores.

La brecha sigue abierta

La brecha salarial entre hombres y mujeres se va cerrando, pero muy lentamente. El último dato que manejan los sindicatos es de 2006, cuando la distancia entre lo que cobraba un hombre y una mujer era de 30 puntos porcentuales. En un año la proporción se redujo un punto. "No podemos avanzar tan lentamente", asegura la secretaria de Política Institucional de UGT, Eva Granados.

El sindicato CC OO recuerda, además, que las actividades que copan la actividad de las mujeres son la sanidad, la educación, la hostelería y las tareas domésticas. "Están concentradas de una manera exagerada en ocupaciones que son una prolongación de las tareas familiares", afirma Rosa Bofill, de CC OO.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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