El Gobierno vasco pide a los patronos que no paguen a ETA

Todo fue calor ayer para los empresarios extorsionados por ETA con la nueva oleada de cartas del denominado impuesto revolucionario. La patronal vasca, que confirmó la información adelantada ayer por este periódico, brindó su "solidaridad y cercanía" al centenar de industriales vascos y navarros que han recibido cartas de extorsión etarras. ETA solicitaba en sus nuevas misivas, fechadas en el mes de febrero, entre 70.000 y 150.000 euros a pequeños y medianos empresarios. Es la primera oleada de misivas exigiendo el chantaje etarra en 2008. Y el Gobierno vasco mostró el "respaldo de las instituciones y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca".

Pero fue el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el que puso el nombre correcto a las nuevas cartas: ni impuesto revolucionario, ni oleada de cartas, ni nada por el estilo. "Terrorismo" a secas, concluyo Camacho.

El número dos en el Ministerio del Interior recalcó que las cartas de extorsión en nombre de ETA son "una forma de terrorismo" y serán investigadas "con la mayor seriedad". Camacho hizo esta valoración en Bruselas, donde asistió a una reunión de ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea (UE). El responsable de Interior señaló a los medios que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan para que cualquier denuncia sobre cartas de extorsión "que en definitiva no son sino una forma de terrorismo, sea investigada con la mayor seriedad posible".

Debate en las cárceles

La patronal vasca Confebask mostró ayer su "absoluto rechazo y condena a la amenaza, la coacción y la extorsión y brindado su solidaridad, cercanía y apoyo a las personas que puedan ser objeto de las mismas". En un comunicado, reiteró el compromiso de los empresarios vascos con Euskadi y su esperanza de un futuro en paz y libertad. El Círculo de Empresarios Vascos, una organización de reflexión que agrupa a los responsables de las principales empresas vascas, aseguró, además, que "cada vez son muchos más los empresarios que denuncian la existencia de las cartas" de ETA.

El Gobierno vasco, a través de su consejero de Empleo y Justicia, Joseba Azkarraga (EA), condenó la nueva extorsión y animó a los empresarios a mantenerse: "Que nadie caiga en el chantaje de esta organización terrorista", pidió expresamente.

Por otra parte, los ex dirigentes de ETA José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Kepa Pikabea han criticado el silenciamiento de las voces críticas que aparecen en el seno de ETA, al tiempo que han acusado al Colectivo de Presos de "manipular" su decisión "personal" de abandonar este colectivo.

En una carta enviada al diario Noticias de Gipuzkoa, ambos ex etarras, encarcelados en la prisión de Logroño, reprochan a sus ex compañeros de la banda utilizar el "fantasma de la división" para cortar discusiones políticas de fondo sin aceptar "disensiones éticas y políticas". "Pero no nos callaremos", anuncian ambos ex dirigentes de ETA.