El Constitucional se queja al Gobierno por las críticas de Conde-Pumpido

El Tribunal Constitucional dirigió el miércoles un escrito al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el que le expresa su "rechazo" a las declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la que éste discrepó "profunda y radicalmente" de la sentencia que anuló la condena de tres años y cuatro meses de cárcel a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos. Es la primera vez en su historia que el Constitucional se dirige al Gobierno para exponerle una queja contra el fiscal del Estado, lo que recrudece la escalada del conflicto entre el Tribunal Supremo y el fiscal de un lado, y el Constitucional, de otro.

El jefe del Ejecutivo respondió al Constitucional ayer a mediodía, diciendo que "toma nota" del malestar de los magistrados y "les vuelve a expresar, como siempre, su máximo respeto al trabajo del Alto Tribunal". Zapatero agregó que respeta el principio de la separación de poderes y rechaza entrar en una confrontación con los altos tribunales.

El Constitucional informó de la carta de queja ayer, a través de una escueta nota de prensa, aprobada por los 12 magistrados del Pleno. El texto no reclama el cese del fiscal del Estado ni ninguna otra medida contra Conde-Pumpido y se limita a trasladar la queja al presidente por las declaraciones del fiscal general.

Sin embargo, según fuentes del Constitucional, la queja contra Conde-Pumpido parece estar fundada en el deber del Fiscal de "velar por la independencia de los tribunales" y por el "repeto a las instituciones constitucionales", según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El fiscal general no recibió ninguna comunicación previa del Constitucional y se enteró de la carta a través de su gabinete, minutos antes de asistir a una toma de posesión en el Tribunal Supremo. Visiblemente contrariado, Conde-Pumpido declinó comentar la carta de protesta contra él.

Sin embargo, fuentes de su entorno manifestaron en la tarde de ayer que la carta constituía "de alguna manera" una "intimación o presión" sobre el Gobierno contra el Fiscal, lo que entraña una "extralimitación" del Constitucional en sus funciones.

Extralimitado

Así, según esas fuentes, además del "exceso de jurisdicción" al anular la sentencia de los Albertos, el Constitucional se habría "extralimitado en sus funciones" al dirigirse al Ejecutivo "quejándose de otra institución constitucional". "El fiscal se limitó a criticar la sentencia de los Albertos, sin aludir a los magistrados", prosiguieron las fuentes, "puesto que toda sentencia pública puede ser criticada, y porque el Ministerio Fiscal había mantenido el mismo criterio ante la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y el Constitucional".

"Decir que el fiscal no cumple con sus obligaciones porque en su Estatuto está velar por el respeto a las instituciones es olvidar que el Tribunal Constitucional no es la única institución constitucional, que también lo son el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado".

Por su parte, la conservadora Asociación de Fiscales, que se ha distinguido por sus críticas a Conde-Pumpido, afirmó ayer que éste actuó "dentro de sus funciones" al criticar la sentencia y cargó contra el Constitucional por dirigirse al presidente, "que no es el superior" del Fiscal del Estado.

El pasado día 21, Conde-Pumpido expresó su discrepancia "total radical y profunda" con la sentencia de los Albertos y consideró "muy preocupante" que el Constitucional "diese la vuelta" a la tutela judicial efectiva que, dijo, debe proteger a los perjudicados por la estafa. A continuación, la Sala Penal del Tribunal Supremo, autora de la condena contra Cortina y Alcocer, acusó al Constitucional de "vaciar de contenido" el artículo 123 de la Constitución que declara al Supremo "órgano superior en todos los órdenes, excepto en materia de garantías constitucionales".