Quico Pi de la Serra denuncia que padece acoso inmobiliario

El cantautor Quico Pi de la Serra se siente víctima del acoso inmobiliario. "Es surrealista", explica apesadumbrado. Si la Audiencia de Barcelona no revoca la sentencia que le obliga a marcharse del piso que tiene alquilado en el número 2 de la barcelonesa plaza de Sant Jaume, tendrá que abandonar una casa (de 200 metros cuadrados) en la que lleva más de 20 años de inquilino y que siempre ha utilizado como refugio para componer. "Es un caso claro de mobbing por parte de la inmobiliaria Capdavantera. Si me echan, no tengo a donde ir", denuncia.

Los problemas del cantautor con su vivienda, que forma parte de un edificio antiguo, vienen de lejos. Sus propietarias lo vendieron a una inmobiliaria que tenía el plan de tirar el interior del edificio para construir en cada piso apartamentos más pequeños con el fin de alquilarlos a turistas. La empresa llevó a los tribunales a Pi de la Serra para lograr el desalojo, acogiéndose a algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Lo hizo porque el cantante había domiciliado allí una sociedad limitada para gestionar la facturación de sus trabajos musicales.

Tal como obliga la ley, Pi de la Serra colgó un cartel en su buzón con los datos de la sociedad, aunque asegura que posteriormente trasladó la domiciliación a la masía del Montseny en la que viven unos familiares suyos, un extremo que no fue creíble para el juez de primera instancia. "Dijo que no era verdad, porque en la masia no hay gas", lamenta.

La empresa inmobiliaria aprovechó la ocasión para denunciarlo, al considerar que con aquella iniciativa el cantautor vulneraba la ley de arrendamientos. El juez de primera instancia falló en contra del cantante, pese a no encontrar en el piso ninguna estructura empresarial: sólo había guitarras. La Audiencia de Barcelona se pronunciará sobre el recurso del cantautor el próximo 4 de marzo.

La situación también afecta al resto de los vecinos del inmueble, una realidad que el distrito de Ciutat Vella conoce desde principios del pasado verano, según explican fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. En colaboración con la Delegación del Gobierno ya consiguieron frenar los planes de los nuevos propietarios, que querían construir más apartamentos de los permitidos. Además, siempre según las mismas fuentes municipales, la inmobiliaria está obligada a derribar un ático ilegal que ha construido en el edificio. Por último, anuncian que llevarán este "caso de acoso" a la fiscalía.