La juez imputa a Roca y Corulla por cohecho en el 'caso Los Alcázares'

El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca, fue trasladado ayer desde la prisión Albolote (Granada) a San Javier, en su provincia de origen (Murcia), para declarar como imputado por cohecho en otra trama destapada en Los Alcázares. También declaró como imputada la supuesta testaferro principal de Roca en Marbella, Monserrat Corulla, cuya imagen se hizo pública cuando el PSOE trató de vincularla con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en las pasadas elecciones municipales. Un total de 22 personas están acusadas en este asunto de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

El juzgado número 2 de San Javier (Murcia) ha enviado a prisión por este caso a seis de los imputados, entre ellos, el ex alcalde de Los Alcázares Juan Escudero (expulsado del PSOE tras estallar el caso), en libertad bajo fianza de 60.000 euros, y el secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez. La juez Eva Algar ordenó las actuaciones en enero a raíz de dos denuncias presentadas en 2005 por el PP de Los Alcázares -que recayeron en los juzgados dos y tres de San Javier, y acabó acumulando el primero de ellos- y de una tercera presentada por el PP ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, que se la remitió a su compañero José Luis Díaz Manzanera. Este último fue el que denunció al arquitecto Mariano Ayuso por sus presuntas relaciones empresariales con Roca.

Asuntos sospechosos

El fiscal acusó a Ayuso de haber redactado el proyecto básico de ejecución de un hotel de la empresa Condeor (propiedad de Roca, aunque el primer dueño fue otro detenido en la operación Malaya, el empresario Tomás Olivo), al tiempo que, como funcionario, lo aprobaba en el Ayuntamiento. Además, la juez investiga la adjudicación directa del plan parcial de La Dorada a una de las empresas de Roca, así como la construcción de más de 500 viviendas en Los Alcázares que no disponen de la cédula de habitabilidad.

La inversión que más polémica han levantado en la Región de Murcia es la pretensión de construir 5.000 casas, dos campos de golf y al menos tres hoteles en el paraje de Lo Poyo, en Cartagena. La fiscalía de Murcia ha archivado la denuncia del PSOE sobre la intención de reclasificar este territorio, pero las pesquisas policiales siguen para averiguar la presunta intermediación de Roca. Uno de sus socios, el imputado en Marbella Francisco Javier Arteche, pagó más de 200 millones de euros por una finca protegida donde no se podía construir. Los fiscales investigan también la urbanización Novo Carthago, pegada a la de Lo Poyo.