Condenado a 900 euros el panadero que intoxicó con cocas
El seguro pagará 230.000 euros a los afectados de Torroella
La publicación de la sentencia del juicio por la intoxicación masiva por cocas de Sant Joan que contenían salmonella en Torroella de Montgrí (Baix Empordà) dejó ayer un sabor amargo a muchos afectados.
Esperaban más, pero finalmente el juez ha condenado a Josep Gusó, propietario de la confitería donde se elaboraron las cocas, a pagar una multa de 900 euros. El pastelero también tendrá que hacer frente a una indemnización global de 231.212 junto con su compañía aseguradora como responsable civil subsidiaria. Son cifras muy alejadas de los 2,8 millones de euros de multa y 1,5 millones en concepto de indemnizaciones que reclamaba el ministerio fiscal.
La intoxicación masiva afectó a más de 1.500 personas durante la verbena de Sant Joan del año 2002 y está considerada la más grave hasta el momento en Cataluña.
De hecho, algunos abogados defensores de los perjudicados ya han anunciado que posiblemente recurrirán contra la sentencia, ya que sus clientes "no están correctamente indemnizados". La compensación más alta es de 14.000 euros, pero la mayoría oscila entre 200 y 500 euros. "Una miseria y una vergüenza", sostienen algunos afectados.
La sentencia, que responsabiliza a Josep Gusó de 400 faltas de lesiones por imprudencia leve, considera probado que el pastelero cometió una serie de "acciones y omisiones" favorables para la contaminación por salmonelosis. El escrito recoge que las cocas se cocinaron con leche cruda, un producto insólito en el gremio pastelero por sus riesgos sanitarios; no se tuvo en cuenta la temperatura de cocción de la crema; por exceso de producción se habilitó como obrador un almacén sin ventilación ni medidas higiénicas y, además, el transporte de los dulces se realizó en vehículos sin refrigeración.
La sentencia absuelve al padre y a la hermana de Gusó y también desestima la reclamación formulada por el Instituto Catalán de la Salud, que había solicitado una indemnización por la saturación de pacientes afectados por las cocas en centros de salud pública.
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