Revilla tacha de ignorantes las críticas del PP a los"pozos negros" de CO2

Las reservas de emplazamientos para almacenar en el futuro dióxido de carbono (CO2) procedente de centrales eléctricas que proyecta el Ministerio de Industria tuvo ayer su primera deriva electoral en Cantabria, una de las comunidades afectadas. El líder del PP, Ignacio Diego, acusó al Gobierno central de intentar "meter por la puerta de atrás dos pozos negros de residuos contaminantes" y al Gobierno regional (PSOE-regionalistas) de ocultarlo.

Sus palabras tuvieron inmediata respuesta del presidente de la comunidad, el regionalista Miguel Ángel Revilla, quien tachó de "barbaridad" las críticas y de ignorar la realidad a su autor. En una intervención en el Foro Nueva Economía, Revilla subrayó que "esto es alarmar sin fundamento" y explicó que el proyecto supone un paso adelante recogido en los acuerdos de Kioto. "Almacenar los residuos del CO2 es una previsión que tiene que tener cualquier Gobierno", dijo, al tiempo que recordó que el Gobierno de Castilla y León, del PP, ha mostrado mucho interés en que se instalen almacenes en la zona de Ponferrada, donde precisamente se está estudiando la viabilidad del proyecto.

Fase embrionaria

También recordó Revilla que la captación y posterior confinamiento de CO2 en estructuras subterráneas es una tecnología que todavía se encuentra en una fase muy temprana internacionalmente. Según los expertos, su desarrollo puede durar todavía muchos años e, incluso, llegar a desecharse. El objetivo es reducir las emisiones de efecto invernadero y potenciar la lucha contra el cambio climático, sin que tenga ningún efecto nocivo, según los expertos.

Para que la aplicación de esta tecnología sea posible, es necesario determinar la ubicación de estructuras subterráneas y obtener un conocimiento profundo de sus características con el fin de determinar su idoneidad para asegurar el mantenimiento del gas que eventualmente se secuestre en su interior, como ocurre con el gas natural.

De momento, en España el Estado ha reservado 11 yacimientos salinos en tierra y mar (uno en Cantabria), todos a más de 1.000 metros de profundidad. De esta forma, trata de asegurar el dominio público con el fin de evitar la especulación privada en terrenos que sean susceptibles de ser utilizados si, tras las investigaciones, así se determina.