Touriño defiende contra Feijóo los logros de la legislatura de Zapatero

Alberto Núñez Feijóo y Emilio Pérez Touriño eligieron ayer terrenos de juego muy distintos para poner a debate el balance de legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP recuperó el Plan Galicia para reprochar al Gobierno la situación de las infraestructuras terrestres y el presidente de la Xunta recurrió a las medidas sociales, especialmente la ley de Dependencia, para destacar cómo el Ejecutivo socialista ha favorecido los intereses de los ciudadanos gallegos.

El líder de la oposición reprochó la continuidad de tres conselleiros

El último debate parlamentario entre los dirigentes de las dos formaciones estatales antes de las elecciones del 9 de marzo (ambos volverán a verse las caras en el debate que emitirá Televisión de Galicia el próximo miércoles, aunque entonces tendrán que compartir espacio con el portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana) sirvió para que Touriño y Feijóo se acusasen mutuamente de mentir sobre al grado de ejecución de las nuevas líneas de ferrocarril de alta velocidad y las autovías pendientes.

El líder del PP cifró en 2.000 millones el dinero que el Estado presupuestó durante estos años y dejó sin invertir. El presidente defendió el buen trato otorgado por el Gobierno socialista español a Galicia repitiendo su tesis de que "nunca se invirtió tanto". "El Plan Galicia no era más que una declaración de intenciones hecha a modo autoexculpatorio desde la mala conciencia de quien sabía que era el responsable de la catástrofe del Prestige", destacó Touriño.

Pero más allá de ese debate en torno al debe y al haber de la legislatura que termina, tanto el líder del PP como el presidente de la Xunta reprodujeron las acusaciones que sus respectivas formaciones intercambian desde hace varios días en torno al voto emigrante, la admisión a trámite de la querella presentada contra la adjudicación de la autovía del Barbanza y la participación de 250 personas en la delegación que la Xunta desplazó a Cuba para participar en la Feria del Libro de La Habana.

Feijóo reprochó al presidente haber permitido el gasto de un millón de euros en la isla caribeña, pero también que haya decidido mantener en el Gobierno tanto a una conselleira investigada por la adjudicación de la autovía del Barbanza (la de Política Territorial) como a un conselleiro (el de Traballo) acusado por la oposición de "colocar a una agente electoral". Touriño, prosiguió el líder del PP, permite además que la Xunta pague el billete a América de la citada agente y que una diputada socialista sea "la intermediaria de toda esta trama". "Allá usted con lo que haga". "Desde luego yo no me voy a callar", advirtió.

El presidente tampoco rehuyó la cuestión ni disimuló su enfado con Feijóo: alguien que antes "llevaba las maletas del señor Louzán [el presidente de la Diputación de Pontevedra] y ahora lo que lleva son cheques" a la emigración y cuyas afirmaciones, advirtió, "no van a quedar impunes".

Touriño defendió la adjudicación de la autovía del Barbanza como "la mejor decisión". Fue "justa, transparente, escrupulosa" y se tomó "en defensa del interés general". Y aunque Feijóo no dude "en suprimir la presunción de inocencia, llamar a la maledicencia, judicializar la vida política e imputar falsedades con tal de obtener réditos políticos", al final "la verdad prevalecerá" porque "la justicia en democracia es ciega y no se casa con nadie". "Y usted", concluyó su turno el presidente, "será condenado democráticamente por la ciudadanía por difamar y calumniar".

El intercambio de acusaciones entre ambos dirigentes no fue ayer el único momento de tensión del último pleno antes de la jornada electoral. Horas más tarde, la decisión del BNG de retirar una enmienda que previamente había aceptado el PP en torno a una propuesta para reclamar la supresión del canon digital, acabó con un incidente que forzó la suspensión del pleno y provocó una protesta formal de la oposición.

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, anunció después del incidente que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional, porque considera que la presidenta de la Cámara, la socialista Dolores Villarino, ha vulnerado los derechos de sus diputados al decidir sobre la votación de una iniciativa y al impedir la lectura de uno de los artículos del Reglamento.

Finalmente, la iniciativa que pedía la supresión del canon digital fue rechazada con los votos de socialistas y nacionalistas, mientras que los parlamentarios del PP no emitieron su voto entre gritos de "¡Tongo! ¡Tongo!".

Ruiz Rivas acusó a Villarino de pasar "del goteo de agravios al caño libre". La Presidencia "supeditó la sesión a los intereses del Gobierno" para no evidenciar las diferencias de criterio entre los socios en el bipartito, siguiendo la consigna de crispación que, en su opinión, ha ordenado el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, informa Europa Press.