Balza resalta que la ley de Víctimas las reconoce "ética y políticamente"

El consejero de Interior, Javier Balza, resaltó ayer el proyecto de Ley de Víctimas como el primero de carácter integral que se aprueba en España y que las reconoce "ética y políticamente como nunca se había hecho". El Gobierno aprobó el anteproyecto en su reunión de ayer. Balza señaló que la norma "compromete a actuaciones concretas a casi todos los departamentos del Gobierno" y pidió a los grupos parlamentarios que den "ejemplo" en el trámite parlamentario.

El futuro deberá construirse "ineludiblemente" sobre su memoria

También recalcó su deseo "sincero" de trabajo conjunto con las asociaciones que reúnen a los afectados. "No es planteable una política pública de apoyo a las víctimas que desconozca la importancia que han adquirido las asociaciones y otras formas organizativas, y que no tenga en cuenta su opinión ante los temas que les incumben", dice la exposición de motivos.

Una de las aportaciones más importantes del anteproyecto, en términos de decisión política, es la de destinar medios económicos a las actividades de asociaciones domiciliadas fuera de la comunidad autónoma, siempre que acrediten tener entre sus miembros a personas que sufrieron actos terroristas en Euskadi.

El Gobierno abre también la vía del establecimiento de convenios con otras administraciones, la central u otras autonómicas, para coordinar e implementar medidas de reconocimiento y protección. El texto resalta a las víctimas como un grupo "específica y calculadamente elegido" para imponer el terror y el fanatismo y señala que el futuro deberá construirse "ineludiblemente" sobre su memoria. También ensalza que las respuestas de los afectados hayan estado "alejadas siempre de la tentación de tomarse la justicia por su mano", tal y como pidió Covite.

La ley, señaló Balza, hace de las víctimas del terrorismo "sujeto de derechos", aunque reconoce que el contenido de éstos es "esencialmente programático". Éste es uno de los temores de los afectados, que pidieron que esos derechos "se conviertan en medidas tangibles y evaluables en un corto plazo".

Esos derechos son cinco: a la paz y la convivencia (Covite prefería el término "libertad"); a la verdad y la memoria, (uno de los más apreciados por las asociaciones); a la justicia, (del que Covite quería hacer el primer pilar de todos ellos); a la dignidad y a la reparación.

El consejero puso de relieve también el alto de grado de flexibilidad que la ley contiene a la hora de definir el perfil de los potenciales beneficiarios, algo que Covite consideró en su día como acertado. Por ejemplo, no será obligado que tras el acto terrorista exista una banda organizada, de modo que un acto individual o ajeno a una organización estable podrá recibir también el amparo de esta ley.

El Gobierno deberá elaborar el reglamento de la ley en seis meses a partir de su aprobación y toda su actuación en prestaciones deberá estar presidida por los principios de "celeridad y trato favorable a la víctima". Los procedimientos, reza el texto, "deberán evitar trámites formales que alarguen o dificulten el reconocimiento de las prestaciones.

La aprobación de la ley en el Parlamento abrirá otro plazo de seis meses para que los afectados soliciten las prestaciones a que tengan derecho, incluidas aquellas que hubieran perdido en el pasado por cuestiones de plazos o por no existir entonces el derecho que ahora adquieren. La administración deberá resolver en seis meses. Balza se mostró abierto a alcanzar convenios con la Administración central para resolver situaciones anteriores a 1988, fecha de la que data la primera regulación en la comunidad autónoma.

El sistema de protección y asistencia contempla los daños materiales, (los personales los cubre la Administración central) en viviendas, vehículos, sedes o establecimientos comerciales, así como la implantación de sistemas de seguridad, y por otro lado el ámbito asistencial. En este último se comprenden la salud física como mental, incluido el compromiso de crear en Osakidetza recursos especializados en el tratamiento psicológico tras actos terroristas y sus secuelas. También se recogen medidas en la enseñanza, la formación, donde se extienden derechos a familiares de víctimas, la vivienda, el empleo y la función pública.