El juez investiga si el bipartito primó el interés privado en la vía del Barbanza

El juez ha abierto una investigación sobre la adjudicación de las obras en la autovía del Barbanza porque la querella presentada por el PP contiene "inequívocos elementos" y "datos cuando menos sospechosos" de que la Consellería de Política Territorial favoreció presuntamente "determinados intereses particulares" aprovechando el cambio de gobierno de 2005. En el auto con el que abre diligencias sobre el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza, señala que la mesa de contratación integrada por funcionarios y altos cargos del bipartito utilizó "lo que parece una burda maniobra" para que fuera una filial del grupo Sacyr y no la Constructora San José la que ejecutara el proyecto.

"Se va a restablecer el buen nombre de las personas citadas", asegura el PSOE

La "maniobra" consistió, según relata el auto refiriéndose a la denuncia de los populares, en sustituir "sin saber por qué y sin publicidad" la empresa que debía valorar las ofertas de las constructoras, "dejando sin efecto" otra asistencia técnica elegida por concurso abierto durante el Gobierno anterior. El juez ha llamado a declarar como imputados el 4 y 5 de marzo al director general de Obras Públicas, Manuel Morato Miguel, al director general de Política Financiera e Tesouro, Eugenio García Lalinde (de la Consellería de Economía), al subdirector general de Estradas, Antonio López Blanco, y a la jefa del servicio provincial de carreteras de A Coruña, Teresa Palacios Alonso.

El titular del juzgado compostelano sospecha que los acusados han podido incurrir, como denuncia el PP, en un delito de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no oculta su satisfacción por la admisión a trámite de la querella y califica el auto judicial de "demoledor". Tras la "imputación de la cúpula de la Dirección Xeral de Obras Públicas", Feijóo exige al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que suspenda "temporalmente y hasta que haya sentencia" las competencias de la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, para contratar proyectos y se las traspase a otro miembro del gobierno. "La conselleira no tiene la confianza de la justicia para contratar ni un solo euro más", argumenta el popular. "Todo parece indicar que aquí hay una trama".

El PSdeG resta, sin embargo, importancia a la investigación abierta por el juez sobre la adjudicación de la autovía del Barbanza. Ricardo Varela, secretario de Organización del partido, considera normal que el auto judicial reproduzca las acusaciones del PP y cite a dos altos cargos y dos funcionarios de la Xunta, afirmó, para conocer su versión de los hechos. "A partir de ese momento se va a restablecer el buen nombre de las personas citadas", afirmó el socialista. "Después pediremos a Núñez Feijóo que asuma sus responsabilidades por las barrabasadas que ha dicho".

Varela se mostró "encantado" de que "por fin" los tribunales "vayan a poner a cada uno en su sitio". En cuanto a la suspensión cautelar de las competencias de contratación de la conselleira, reclamada por Feijóo, el número dos de los socialistas gallegos pidió que primero "suspenda él la demogogia permanente en la que vive".

La responsable de Política Territorial, María José Caride, considera "totalmente electoralista" la querella del PP dos años después de adjudicarse la autovía. La conselleira defiende que la obra fue adjudicada "a la mejor oferta técnica y económica" y asegura que, a excepción de los cargos políticos, mantuvo el resto de la composición de la mesa de contratación, designada por su antecesor en el cargo, el popular Alberto Núñez Feijóo.

Caride tiene la confianza de los socios de su partido en la Xunta. El BNG se confiesa "seguro" de que la Justicia "terminará dejando a las claras la inocencia" de los cargos de Política Territorial y Economía que han sido citados por el juez como imputados. El vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, recordó ayer que "en un Estado de Derecho las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario". "De momento sólo se han abierto diligencias dentro de un proceso judicial", puntualizó.