Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El GIL dejó un agujero de 335 millones en Marbella

El Tribunal de Cuentas ha analizado 15 años de gestión

El Tribunal de Cuentas ha terminado de analizar el estado en que los sucesivos gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó las arcas de Marbella. En diciembre de 2005, tres meses antes de que la operación Malaya desvelara definitivamente el caos reinante en el Ayuntamiento, las cuentas arrojaban un "desequilibrio financiero" de al menos 335 millones de euros, una cifra que representa más del 181% del presupuesto municipal y que, calculado por habitante, correspondería a 2.669 euros por persona.

El Ayuntamiento perdió 190 millones en 650 convenios urbanísticos

El informe desmenuza el último periodo de gobierno del GIL, entre 2002 y marzo de 2006, y hace un análisis global de los últimos 15 años, diciendo que se creó "un sistema para apropiarse de fondos públicos" en el que no se justificaban los pagos ni las obligaciones gracias a la creación de una veintena de sociedades municipales. El órgano fiscalizador destaca que no se ha encontrado "ni un solo expediente administrativo sujeto a la ley" y que se llegaron a transferir 653,7 millones de euros a las empresas municipales sin someterse a ningún control. Los 650 convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento generaron un agujero económico que roza los 190 millones de euros, según el tribunal.

- Consultorías millonarias. En los últimos cuatro años los gobiernos gilistas gastaron 14,8 millones de euros en asesores y consultores, de los que 6,4 millones eran para asesoramiento jurídico. En apenas 20 meses, entre 2002 y agosto de 2003, el abogado José María del Nido percibió tres millones de euros por trabajos de asesoría. El tribunal incide en que Del Nido podría haber actuado "de forma desleal" al intrvenir en algunos procedimientos con intereses contrapuestos. "A partir de la exclusión de este letrado el coste de los servicios jurídicos ha bajado un 62% sin que por ello se haya visto privado de asistencia jurídica en ninguno de los asuntos pendientes", recoge el escrito. El tribunal subraya que recibió los últimos pagos cuando faltaba poco para la moción de censura contra Julián Muñoz y que se realizaron sin atender al orden de prioridades que establece la ley.

- Poco celo para recaudar. A finales de 2005, Marbella tenía pendiente de cobrar deudas por más de 203 millones de euros, de los que casi 97 millones podrían haber prescrito. De ese dinero, 70 millones de euros procedían de aprovechamientos urbanísticos derivados de convenios. Muchos de esos acuerdos fueron los que llamaron la atención primer instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres.

- Contrataciones sin control. Los trabajadores entraban sin proceso de selección alguno. En 15 años, la plantilla municipal se cuadruplicó. Pasó de 763 trabajadores, a los 3.016 de finales de 2005. El Tribunal dedica un apartado a analizar las retribuciones de determinados trabajadores y cargos de confianza. Uno de los analizados es el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que entre 2002 y su detención en marzo de 2006 cobró oficialmente 526.350 euros. En 2003, Roca se autoasignó 46.231 euros en concepto de "gratificación por Plan especial", partida que no figura en ningún presupuesto.

Otro empleado cuya remuneración destaca el Tribunal es Manuel Hidalgo, ex director del diario municipal La Tribuna de Marbella, que percibió 679.198 euros en el mismo periodo. El despido de los 41 cargos de confianza del GIL realizado por la gestora le costaron al Ayuntamiento 1,2 millones de euros, recoge el órgano fiscalizador del Estado.

- Trabajos pagados sin ejecutar. El Tribunal estima que no se han justificado obras y trabajos por 21,8 millones y que se ha ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de 17 millones. En los meses anteriores a las elecciones de 2003, el Ayuntamiento contrató gran parte de estas obras y las pagó con bienes municipales cedidos a través de convenios. Muchas de las empresas con las que se contrataron estas obras están reclamando ahora pagos, por lo que este documento servirá al Consistorio para ejercer, a su vez, acciones contra ellas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de febrero de 2008