¿Caballerosidad impositiva? ¡No, gracias!

La reducción de impuestos a las mujeres trabajadoras tiene, según el PP, una doble finalidad: incentivar el empleo femenino y compensar a las mujeres por su menor renta. Ambos objetivos son loables, pero ninguno de ellos se verá favorecido por este camino.

En cuanto a las diferencias salariales, a primera vista parece evidente que un ingreso adicional para todos los componentes del grupo que tiene menores ingresos disminuirá la diferencia de medias entre ambos grupos. Sin embargo, parte de esta rebaja de impuestos a las mujeres se trasladará a los beneficios empresariales. Si ahora una mujer está dispuesta a trabajar por un determinado salario, con la rebaja estaría dispuesta a trabajar por menos, lo que presionaría a la baja los salarios de las mujeres, introduciendo un peligroso factor de permanencia de la desigualdad: los empresarios encontrarían justificación para pagar menos, las mujeres perderían argumentos para exigir igualdad de trato y, en definitiva, se vería conculcado el principio de "a trabajo igual salario igual".

Morán Las medidas fiscales para mujeres del PP pueden ser hasta contraproducentes

No se necesitan 'políticas para las mujeres', sino acabar con la desigualdad

La baja tasa de empleo femenino, por su parte, es una rémora para la economía y también un grave problema social, pero no se están poniendo los medios para atajarlo. Aunque la existencia de programas y subvenciones especiales a la contratación de mujeres puede dar la impresión de que se les da trato de favor, la realidad es muy diferente. Según datos de la Comisión Europea, los servicios de empleo españoles dedican menos tiempo y proporcionan menos ofertas de trabajo a las mujeres que a los hombres. Las categorías de desempleados compuestas mayoritariamente por mujeres no obtienen la dedicación específica y el presupuesto que se requeriría. Ojalá se pusieran medidas para que los indicadores nos demostraran lo contrario de ahora en adelante.

Si, además de disminuir el paro de las ya activas, se quiere aumentar la tasa de actividad femenina, debe tenerse en cuenta que las mujeres solas, con o sin cargas familiares, registran ya tasas de actividad similares a las de los hombres. La reserva de mano de obra está compuesta, mayoritariamente, por mujeres casadas y otras que desarrollan tareas de cuidados en el entorno familiar. Pero actualmente las políticas públicas incitan a las mujeres a caer y/o a continuar en situación de cuidadoras a tiempo completo. La tributación conjunta en el IRPF y las crecientes oportunidades de retirada del mercado de trabajo para el cuidado de hijos/as y dependientes (por ejemplo las excedencias por cuidado de hijos/as, y muy especialmente ahora el artículo 18 de la Ley de Dependencia), la desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad desincentivan la participación laboral de las mujeres casadas. Parecería lógico, también en este ámbito, empezar por eliminar los obstáculos actuales.

Pero, ¿se quiere realmente que las mujeres casadas se incorporen al empleo de calidad? Parece que en todo esto se olvida un importante detalle: si su oferta es tan elástica, ello se debe al coste de oportunidad (su disyuntiva no es ocio-trabajo, sino trabajo doméstico-trabajo asalariado). ¿O es que se pretende que estas mujeres, ante unos salarios reales más atractivos, se incorporen al empleo a tiempo parcial, en posiciones precarias y con doble jornada de trabajo? Esto no les proporciona independencia económica y es una fuente de ineficiencias en el mercado de trabajo: los empresarios, ante la mayor probabilidad de ausencia de las mujeres, tienden a contratar hombres para los puestos de responsabilidad aunque las mujeres estén mejor formadas. Queda, pues, pendiente la pregunta clave: ¿qué hacemos con el trabajo doméstico y de cuidados?

Que las mujeres se incorporen al empleo y a la vez sigan cuidando, todo ello sin participación de sus maridos y sin servicios públicos. Esta solución puede alcanzar, a costa del empleo precario de las mujeres inmigrantes, a un sector de la clase media; y ni siquiera permitirá que esas mujeres profesionales tengan la misma disponibilidad y las mismas posibilidades de promoción que sus compañeros hombres. Pero la mayoría de las mujeres no podrá permitirse pagar con su sueldo el cuidado de sus hijos/as y, aun con doble jornada, se verá abocada al trabajo precario, a periodos de inactividad y al tiempo parcial.

Ni los hasta 75 euros más al mes de ingresos prometidos por el PP ni cualquier subvención o desgravación generalizada para todas las mujeres trabajadoras alcanzará a ser una ayuda significativa al cuidado infantil para aquellas familias necesitadas. No moverá tampoco la tasa de actividad de las mujeres no casadas, pues éstas ya están plenamente incorporadas. ¿A qué viene entonces este despilfarro? Es además un intervencionismo sin precedentes pretender incidir en los desequilibrios del mercado de trabajo subvencionando el 50% de la oferta. Sería divertido si no fuera trágico: los neoliberales convertidos en el colmo de intervencionistas. ¿Qué fue de la mano invisible?

A estas alturas tenemos ya suficiente experiencia acumulada para no tener que discutir en el vacío. Sabemos que, para que la mayoría de las mujeres puedan compatibilizar maternidad y empleo de calidad, son necesarias dos condiciones: servicios públicos de cuidado y corresponsabilidad de los hombres. Y sabemos las políticas que aumentan la dedicación de los hombres al cuidado: permisos de paternidad intransferibles, políticas educativas igualitarias, eliminación de los topes de cotización a la Seguridad Social y de todos los demás incentivos a las jornadas excesivamente largas, entre otras. Estas medidas, y no las llamadas tradicionalmente políticas natalistas, son las que se han demostrado eficaces para combatir la crisis de fecundidad, que es uno de los más graves problemas de la economía. ¿Cómo es posible que los mismos que hacen oídos sordos a todas estas evidencias científicas inventen medidas tan imaginativas, por no decir rocambolescas?

Tanta imaginación unidireccional sólo tiene una explicación: en realidad estas personas no se imaginan ni por un momento que las mujeres puedan incorporarse al empleo en igualdad de condiciones con los hombres, y mucho menos se imaginan que los hombres puedan compartir el trabajo doméstico en pie de igualdad. De hecho, siguen defendiendo un modelo de familia tradicional donde la mujer esté sometida al marido y cuide de los hijos en casa. Por eso ni piensan en eliminar la tributación conjunta, proponen alargar el permiso de maternidad y no impulsan un sistema público de educación infantil.

Las supuestas ventajas para las mujeres, como la rebaja de impuestos propuesta, nunca son tan generosas como para llegar a equilibrar las diferencias. Tampoco atienden las necesidades de las personas realmente necesitadas. Mucho menos eliminan los factores que empujan a las mujeres a la dependencia económica. Sin embargo, desvían la atención de los verdaderos problemas: en lugar de atajar las causas de la desigualdad, contribuyen a la falsa impresión de que se da preferencia a las mujeres. No se necesitan políticas para las mujeres por ser mujeres, sino aplicar los principios de la actuación de los poderes públicos y de la política social a toda la ciudadanía.

Ofrecer a las mujeres una compensación en lugar del salario y la posición que se han ganado por su formación y su trabajo supondría un enorme gasto y sería negativo tanto para la equidad como para la eficiencia económica. ¿No sería más sensato emprender, de una vez por todas, el camino de la igualdad?

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales.