Paseo radiactivo por Huelva

A sólo unos centenares de metros de Huelva, en las marismas del Tinto, hay un rincón que es verdaderamente único. Bajo un paisaje cubierto de vegetación, sobre el que planean lentas las cigüeñas y las gaviotas, se esconde un vertedero donde se guardan 4.857 toneladas -según cifras del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)- de materiales contaminados con cesio 137, un isótopo radiactivo artificial proveniente del accidente de la planta jerezana de Acerinox en 1998. Un informe del CSN pedía, el 14 de enero, "restringir de forma efectiva e inmediata el acceso a las zonas afectadas a toda persona ajena al programa de vigilancia radiológica ambiental que se realiza en ellas". El viernes, todavía era posible dar, libremente, un paseo radiactivo por la zona.

Hay toneladas de desperdicios radiactivos enterradas

El vertedero ha sido criticado por Greenpeace y otros grupos ecologistas

La oportunidad de caminar por este paisaje, cuyas toneladas de desperdicios radiactivos están enterradas por montañas de tierra y vegetación, no ha sido siempre posible. El informe del CSN explica que Egmasa, la empresa dependiente de la Junta encargada de gestionar los trabajos de restauración del espacio, contrató los servicios de una compañía privada de seguridad para vigilar el lugar. Pero en mayo de 2007, Egmasa remitió un escrito al CSN indicando que, hacía dos meses que había dado por finalizados los trabajos de recuperación ambiental de las marismas. "Actualmente,

no se está llevando a cabo ningún tipo de vigilancia física, tras la finalización por Egmasa de los trabajos de restauración", aclaraba el informe del CSN.

El mismo documento recuerda que cuando Egmasa dio por concluido su trabajo, trató de devolver la plena posesión de las balsas a Fertiberia, empresa titular de la concesión administrativa del terreno. Pero la compañía fabricante de fertilizantes -que vierte sus residuos, los fosfoyesos, en unas balsas que ocupan 1.200 hectáreas junto al vertedero donde se encuentra el cesio 137- afirmó no tener competencias para ejercer la necesaria vigilancia radiológica ni capacidad de restringir el paso a personas ajenas al programa, puesto que desconocía los puntos contaminados ni sus índices de radiación.

El contencioso terminó en los tribunales. En el momento en el que el CSN emitió su informe no estaba claro sobre quién recaía la responsabilidad de las actividades. No obstante, el Consejo de Seguridad Nuclear decidió que, hasta que no hubiese sentencia, "se puede entender que corresponde a esta entidad la responsabilidad en todo lo relativo a la normalización del CRI-9". Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo dictaminó a finales de enero que, efectivamente, era competencia de Egmasa gestionar el espacio.

Desde entonces, la empresa pública de la Junta ha insistido en que acometerá toda acción que se le ordene, "como siempre se ha hecho", aclaran sus portavoces. Pero Egmasa recuerda que no puede actuar libremente sobre unos terrenos que no son suyos, ya que al estar en un espacio de dominio marítimo terrestre, la competencia es de la Dirección General de Costas.

Por tanto, la empresa ha remitido un escrito a Costas poniéndose a su disposición para realizar las medidas aconsejadas por el CSN, entre las que se incluye restringir el paso a personal no autorizado. Egmasa está pendiente de una respuesta de la Dirección General de Costas para iniciar los trabajos.

El vertedero ha sido duramente criticado por Greenpeace y otros grupos ecologistas que han denunciado, a través de estudios, su inseguridad y las filtraciones de cesio 137 a las aguas de la marisma, con lo que se multiplicaría el riesgo de que los productos radiactivos pasasen a la cadena trófica y afectase a la población.

Los ecologistas reclaman que los residuos sean llevados a una instalación apropiada para este tipo de residuos, como la que existe en El Cabril (Córdoba). El mismo informe de enero del CSN era muy duro con la gestión que se había hecho del espacio, pues reconocía que "las acciones de remedio no han sido efectivas para conseguir el confinamiento de los productos inertizados contaminados con cesio".

No obstante, días después, el propio Consejo emitió un comunicado en el que indicaba que la zona afectada por estas deficiencias permanecía circunscrita al interior del depósito, "sin que se haya encontrado ninguna contaminación de cesio 137 fuera del mismo y en vías de exposición que pudieran afectar a la población".

En este sentido, el CSN volvió a recordar que estaba garantizada "la protección radiológica de la población y del medio ambiente, como demuestran los datos disponibles de la vigilancia ambiental de la zona con la supervisión del organismo regulador".