La gripe de Osakidetza

Osakidetza, la estructura pública que cuida de nuestra salud cuando se resiente, presenta también desde hace unos años síntomas de indisposición. Sus problemas de fondo (envejecimiento de la población y del personal sanitario, crecimiento de la demanda asistencial muy por encima de los recursos y las plantillas destinados a ella, e insatisfacción general de los profesionales) son similares a los de los demás sistemas autonómicos. Pero sólo en el País Vasco han desembocado en un conflicto que dura ya casi cuatro años.

Durante este tiempo, jalonado de huelgas declaradas y encubiertas, movilizaciones y reproches, han abundado los diagnósticos sobre los achaques internos de Osakidetza, que ha perdido en la última etapa el carácter referencial que tuvo en la sanidad española. Se podrá aducir que los demás servicios de salud han mejorado mucho, recortando la ventaja que tomó Euskadi cuando recibió, hace 20 años, la transferencia del Insalud. No obstante, la pérdida de empuje en programas asistenciales y de gestión ha sido demasiado acusada. Desde el programa Osasuna Zainduz no ha habido una planificación estratégica que defina con claridad hacia qué objetivos debe dirigirse el sistema, y su ausencia denota falta de impulso en la dirección política de Sanidad.

Ya se sabe que la sanidad no da votos, pero puede quitarlos

En cualquier caso, lo que no se ha hecho es indagar acerca de las razones externas que han llevado a unos extremos de confrontación en Osakidetza que va mucho más allá de los síntomas de decaimiento del sistema descritos y que se hace difícil de entender por los propios usuarios-pacientes, en absoluto insatisfechos por la asistencia que reciben. De ahí que el clima de hostilidad entre casi todos los sindicatos sanitarios y el equipo del consejero Gabriel Inclán muestre todos los síntomas de un simple catarro que se ha convertido en pulmonía por no habérsele prestado a tiempo la debida atención.

No les falta cierta razón a los responsables de Osakidetza al quejarse de que la batería de huelgas y protestas sindicales ha recrecido precisamente tras el anuncio de un plan para invertir 600 millones de euros hasta 2012, ampliar la plantilla sanitaria y mejorar sus condiciones profesionales. Sin embargo, habría que preguntarse por qué estas medidas no se adoptaron al detectarse los primeros desajustes. La situación de la sanidad vasca no ha cambiado tanto en el ínterin ni tampoco la disponibilidad de recursos de un Gobierno que ha hecho ostentación del superávit presupuestario. Lo cual proyecta los focos al interior del propio Ejecutivo.

Cuando un problema afecta al trabajo de 26.000 profesionales y a la salud de otros 2,2 millones de personas, ese conflicto no puede circunscribirse a un departamento, sino que atañe al conjunto del Gobierno. Y la verdad es que no se ha sentido concernido hasta hace escasos meses. ¿Por la falta de peso político del consejero del ramo al imponer su agenda en el Consejo de Gobierno y arrancar los recursos necesarios para su departamento? ¿Por la pérdida general de reflejos que produce al partido mayoritario considerar que su permanencia en el poder es un derecho divino? ¿Por haberse desentendido el lehendakari de la gestión de los asuntos que de verdad interesan a los ciudadanos, en busca de la solución mágica del Conflicto con mayúsculas? Posiblemente, por una mezcla de todo.

Sanidad creyó en junio que pactando con el SME conjuraba esas huelgas que son capaces de colapsar los hospitales y levantar en armas a los ciudadanos. Pero al hacerlo agravió a los demás sindicatos y los unció a la estrategia de choque de ELA. El desgaste y, sobre todo, la proximidad de las elecciones han hecho el resto. Aunque tarde, el Gobierno y su primer partido han dado señales de entender el riesgo de que el ciudadano interiorice la permanente conflictividad en Osakidetza como una crisis del propio sistema. Y ya se sabe que la sanidad no da votos, pero puede quitarlos. A su vez, los sindicatos saben que, sin contar con los médicos, no pueden paralizar los hospitales y centros de salud, y que más allá del 9 de marzo su capacidad de presión se reduciría al mínimo.

De ahí que ambas partes parezcan estar dispuestas a hacer ahora el esfuerzo de flexibilidad que han escatimado meses. Deberían aprovechar la oportunidad de cerrar el conflicto. Por su propio interés y por el del sistema público de salud, el de todos.