El principal acusado trabajó como alto cargo en una empresa del 'caso Malaya'

Laguardia se ha convertido estos días en un hervidero de rumores y sospechas tras el levantamiento del secreto del sumario por el intento de soborno al edil de EA para ampliar la construcción de viviendas alrededor del proyectado campo de golf. El caso tomó ayer un cariz inesperado. El principal acusado, Gregorio Ochoa, trabajó como delegado para el norte de España de Aifos, una de las mayores inmobiliarias de la Costa del Sol y la principal empresa implicada en la trama de corrupción marbellí del caso Malaya, destapada en abril de 2006. Ochoa fue quien propuso directamente al concejal, Gregorio López, a comienzos del pasado diciembre pagarle 90.000 euros a cambio de que votase a favor del PP para que el proyecto incluyese 320 viviendas en lugar de las 120 que aceptaba el consistorio. Ochoa ya había hecho una primera intentona en septiembre, cuando le ofreció a López 60.000 euros.

Ochoa dejó su puesto en Aifos tres meses antes de que estallara todo el escándalo en Marbella, la mayor trama española de corrupción municipal. Durante la investigación del caso Malaya, la Agencia Tributaria cifró en más de 11,4 millones de euros las cuotas defraudadas a Hacienda. Los titulares de la empresa pagaron al cerebro de la trama, el ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, para obtener resoluciones favorables. Sus directivos han reconocido ante el juez que pagaron a Roca más de 3,4 millones por la firma y ratificación de convenios.

El voto del edil de EA resulta fundamental para resolver el empate a cuatro concejales entre el PP y el PNV, que gobierna el consistorio desde las pasadas municipales. El PP es firme partidario de ampliar las 120 viviendas autorizadas por el Plan Territorial Parcial y las disposiciones urbanísticas y medioambientales del Gobierno hasta 320. Según los populares, tal es el número mínimo para hacer viable el proyecto y que los constructores se interesen por él. Con este objetivo, el PP promovió el plan hace tres años, cuando gobernaba la localidad con mayoría y fijó ese número de casas junto al campo de golf en una localidad de 1.500 habitantes. El Gobierno rebajó luego el número al considerarlo excesivo para la zona. Pese a este revés, los populares han intentado de nuevo subir la cifra, aunque ya no controlan la alcaldía y PNV y EA se oponen.

Tras destaparse el intento de soborno, el actual equipo de gobierno ha reiterado su intención de dar marcha atrás y anular el proyecto. Ni el PNV ni EA estaban conformes con él y mucho menos con la pretensión de levantar más casas. En estos momentos, se encuentra a la espera de conocer un informe encargado a sus abogados para ver qué posibilidades tiene de recalificar las hectáreas sobre las que se asienta el proyecto y revertirlas de suelo urbano, su calificación actual, a rústico.

Junto a Ochoa, la juez instructora, la titular del juzgado número 3 de Vitoria, ha imputado recientemente a otros dos empresarios: Mario Luis Balza de Vallejo Goñi, que tiene negocios relacionados con el mundo del vino en Logroño, y Jesús María Cadarso Arrausi, con domicilio en Laguardia y que se dedica a la compraventa de terrenos. La implicación de éste último es algo menor a la de los otros dos acusado, según fuentes conocedoras del proceso. Ninguno de los tres imputados ni sus abogados quisieron hacer ayer declaraciones sobre la causa.

La juez no ha terminado de practicar todas las pruebas. Para el lunes está previsto que los tres imputados pasen una rueda de reconocimiento en el juzgado. Varios testigos deberán reconocerles y explicar qué relación entablaron con ellos. Las pesquisas han supuesto la intervención de numerosas conversaciones telefónicas y abierto dos nuevas líneas de investigación: las posibles irregularidades en la planificación de los campos de golf de Laguardia y de Labastida. En ambos casos, las irregularidades guardan relación con el uso de información privilegiada en la compraventa de terrenos.

Información elaborada por Eduardo Azumendi, Txema G. Crespo e Isabel C. Martínez