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El PP habla de "espiral de violencia" y acusa a PSdeG y BNG de "tibieza"

Los populares rechazan la condena propuesta por socialistas y nacionalistas

El empeño del PP para que el Parlamento de Galicia condenase los incidentes relacionados con actos públicos de organizaciones de defensa del castellano en A Coruña y Vigo en la misma declaración que debía rechazar el intento de agresión a la presidenta del PP en el País Vasco dio ayer al traste con cualquier posibilidad de acuerdo entre el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo y los grupos que apoyan al Gobierno bipartito.

Ignacio Astarloa responsabiliza al PSOE por pactar "con los más radicales"

De nada sirvió la propuesta de declaración redactada por socialistas y nacionalistas en la que ambos grupos proponían condenar "sin paliativos los actos violentos con los que una minoría trató de boicotear una conferencia de la diputada del Parlamento de Euskadi María San Gil, solidarizándose con ella y con los miembros de las fuerzas de seguridad afectados". El PP quería ir más lejos y convertir la declaración en un pronunciamiento contra los actos violentos registrados a lo largo de los últimos 12 meses, incluyendo la serie de siete explosiones que la policía relaciona, en su mayor parte, con militantes del independentismo radical.

PSdeG y BNG, sin embargo, se negaron a seguir el guión propuesto por el PP. Ambas formaciones estaban de acuerdo en condenar el incidente que afectó a San Gil, pero rechazaron de plano aludir a otros asuntos. Hacerlo, sostuvieron sus portavoces, supondría actuar en función de los intereses electorales del partido de Mariano Rajoy.

"Tratan de crear un conflicto social donde no lo hay", aseguró Carlos Aymerich, en nombre del Bloque. El PP, añadió, busca hacer del castellano "una bandera" para atraer a un "sector extremista que siempre existió en la sociedad gallega".

En parecidos términos se expresó el representante del PSdeG, Ismael Rego, quien acusó a los populares de querer "dar una imagen catastrófica del país en beneficio" propio y responsabilizó expresamente de esa estrategia a Alberto Núñez Feijóo.

Las explicaciones de ambos no convencieron al PP. Su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, no dudó en denunciar la "tibieza" con la que los grupos que apoyan al Gobierno afrontan "la espiral de violencia" que, asegura, está viviendo Galicia.

Para evitar que el "germen" de la violencia "se escape de las manos", Ruiz Rivas anunció que el PP no da por zanjado este asunto y que pedirá no sólo la comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Presidencia sino que pedirá explicaciones al delegado del Gobierno.

Los dirigentes del PP repitieron unánimemente el mismo mensaje. Su presidente, Mariano Rajoy, calificó de "triste y mezquino" que el Parlamento de Galicia no haya condenado el incidente y atribuyó la falta de acuerdo en la Cámara autónoma a las "miserias" de PSdeG y BNG, informa Europa Press.

Más expresivos fueron Ignacio Astarloa, candidato del PP por Vizcaya, y Gerardo Conde Roa, portavoz popular en el Ayuntamiento de Santiago. Aunque los radicales que acosaron a San Gil son miembros de Agir, un grupo radical sin vinculación con el Bloque, Astarloa definió los hechos como una muestra del "error histórico" de José Luis Rodríguez Zapatero al haber "fomentado la división y satanizado al adversario político". "Se ha pretendido hacer pactos con los más radicales", subrayó. Conde Roa fue aún más lejos y afirmó que no esperaba la solidaridad del PSdeG y el BNG porque lo ocurrido es lo que estaban buscando, así que "no van a llamar para disculparse", informa María Fábregas.

El dirigente local del PP acusó además al delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras, de "cobarde" y "gallinazo" porque "le produce cierto gustillo que la gente del PP sufra agresiones". En una línea semejante, la propia afectada, María San Gil, aseguró en Burgos que "es esencial para toda España que Mariano Rajoy gane las elecciones".

La Fiscalía confirmó que está a la espera de que la policía (que busca a los radicales para detenerlos) concluya sus investigaciones antes de tomar cartas en un asunto que considera "delictivo". Las fuerzas de seguridad habían desplazado a ocho policías de paisano para proteger a San Gil en el interior de la Facultad, al margen de la dotación uniformada que permaneció en el exterior y no llegó a intervenir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de febrero de 2008