Una casa patera

"Ahora somos unos 18", dijo un joven chapurreando una mezcla de español y rumano, "pero hace unos días, aquí, había mucha gente. Unas 90 personas. Pero casi todos se han ido ya". Es uno de los moradores que aún quedan en la casa de El Rocío (Almonte, Huelva) detectada por la Guardia Civil hace dos días.

Prácticamente la totalidad de los que vivían en la casa rociera eran rumanos. Ayer, todavía quedaba una familia, compuesta en su mayoría por trabajadores sin permiso laboral y algún niño que, según sus mayores, no trabajaba. Ninguno de los extranjeros quiso identificarse por miedo "a la policía", aunque sí accedieron a contar su historia.

A pesar de que la casa, como la mayoría de las de El Rocío, es bastante grande -ocho habitaciones-, en los momentos de mayor trasiego de gente, algunos terminaron durmiendo en coches, furgonetas e incluso en una cuadra, explicaban ayer los inquilinos.

Pagaban 27 euros al mes por la casa y hasta cinco euros por transporte

En algunos dormitorios había seis literas, ocho en otros, sábanas deshechas, montones de ropa encima. Un amplio salón con cocina guardaba varias sillas y un sofá. Y en la televisión, un musical indio que ponía el estribillo de fondo.

"Nosotros conocimos a un señor que nos dijo que podíamos ir a esta casa. Y le pagamos 27 euros por persona al mes. Nos dijo que había trabajo en Isla Cristina, en la naranja", dice una mujer rumana. "Pero el otro día vinieron los guardias y nos dijeron que no había más trabajo, porque no teníamos papeles. Y yo no lo entiendo. He trabajado cinco años en Italia, en el campo, sin problemas, ¿Por qué aquí sí los tengo?", se quejaba.

La Guardia Civil aseguró que los inmigrantes hacinados debían pagar por el traslado a las explotaciones agrícolas. "Pagábamos de dos a cinco euros por persona al día, dependiendo de los kilómetros o del número de personas que íbamos en cada coche", explica otro jornalero."Lo cierto es que no tenemos ni idea de a quién pagaba esta gente", protestaba ayer. M. C. R., uno de los imputados por la Guardia Civil, acusado de explotar a los inmigrantes y en libertad bajo fianza tras prestar declaración judicial.

Él, junto con dos compañeros, R. M. P y A. M. P., todos de Valencia, dice haber sido víctimas de una "encerrona". "Nosotros tenemos una empresa de trabajo temporal. Y contratamos a 42 trabajadores con sus papeles en Valencia para venir a esta casa, que está habilitada para esa cantidad, y que trabajasen en una finca de Isla Cristina. Pero la casa la ocuparon otras 35 personas o más, sin papeles, sin contrato y sin nada que ver con nosotros, y que seguramente traería algún mafioso", protesta. Los valencianos afirman que advirtieron a la Policía Local de la aldea del problema y que, por dos veces, intentaron desalojar a los irregulares, sin éxito. "Alguien nos han denunciado como represalia por intentar echarles", afirma uno de ellos. Los empresarios aseguran que ninguno de los rumanos sin papeles trabajó en la finca de Isla Cristina. "La Guardia Civil los cogió justo antes de que pasásemos lista a la entrada del tajo. Lo hacemos siempre, precisamente para que no se cuele nadie irregular. Porque ya se ha intentado otras veces", dice uno de ellos.