Economía afirma que tiene margen para afrontar más medidas de reactivación

El bajo endeudamiento de la Xunta, el menor déficit público de los últimos 15 años, permitirá al Gobierno bipartito afrontar en el futuro nuevas medidas de reactivación económica en caso de que persistan en el futuro las turbulencias financieras. El mensaje tranquilizador lo envió ayer el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, desde el Parlamento gallego envuelto en un aluvión de datos macroeconómicos que "confirman que Galicia tiene fundamentos sólidos para afrontar la desaceleración económica".

"Seguiremos aplicando la misma política económica para conseguir un crecimiento sostenido a medio plazo que permita la convergencia con Europa", señaló Fernández Antonio, después de subrayar que los Presupuestos de 2008 ya prevén la desaceleración.

El conselleiro no aclaró, sin embargo, si la previsión de crecimiento del 3,5% para este año, sobre la que giran las cuentas públicas, deberá ser revisada a la baja en primavera. Los números de Economía apuntan a un crecimiento del producto interior bruto del 4% durante 2007, después de cerrar el último trimestre con un incremento estimado del 3,8%.

Tanto indicador macroeconómico no logró que el discurso de la bonanza económica cuajara en los bancos populares. Su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, acusó a Fernández Antonio y al bipartito de "estar instalados en la soberbia" y de no conocer la realidad de Galicia, de donde según sus datos, emigraron el año pasado 30.000 jóvenes. El diputado popular citó la cifra de paro de enero, la ralentización del índice de producción industrial y se apuntó al discurso de su partido en España que atribuye el período de expansión económica a la herencia dejada por el PP. Frente a los logros del Gobierno Fraga, contrapuso Ruiz Rivas el merchandising de las consellerías nacionalistas. Durante su intervención en el pleno posó sobre el atril una camiseta con el lema Eu son potencia esgrimido por la Consellería de Industria y Vicepresidencia, al tiempo que exhibía un libro completamente en blanco editado por los mismos departamentos. "Invierten miles de millones en gastos improductivos", señaló Ruiz Rivas.

La réplica del conselleiro fue otra retahíla de cifras para demostrar que Galicia tiene ahora menos paro que en los últimos 25 años y que la comunidad crece a un 4% frente al 2,6% de los últimos años de gobierno popular. Fernández Antonio insistió en que Galicia seguirá creciendo por encima de España, "por mucho que el PP se empeñe en desear un empeoramiento de la Economía". Por su parte, el portavoz del Bloque en la Cámara, Carlos Aymerich, reconoció la existencia de datos preocupantes y abogó por poner en marcha medidas sociales porque históricamente Galicia siempre fue una de las comunidades más perjudicadas durante los períodos de recesión.

En el pleno de ayer, el grupo popular reclamó además la dimisión del conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, por la crisis del embalse de A Fervenza que provocó la muerte de miles de peces en el río Xallas. El diputado Jaime Castiñeiras acusó a la Xunta de obviar su función de control y de no hacer nada para evitar el desastre, "pese a contar con información diaria detallada" sobre el nivel de la presa. El portavoz de Medio Ambiente del PP aseguró que "media consellería está imputada" por este asunto y abogó por averiguar hasta dónde alcanzan las responsabilidades. Hasta ahí llegó en sus acusaciones el diputado que consideró probadas las responsabilidades políticas del Gobierno en el desastre. La nota del PP fue más lejos y señaló directamente al presidente de la Xunta. "La inocencia de Touriño en este asunto está por ver", señaló el comunicado público. La parlamentaria socialista, Laura Seara, acusó a Ferroatlántica, la sociedad del empresario Juan Miguel Villar Mir que gestiona el embalse, de cometer una gran irresponsabilidad y de vulnerar la ley con sus decisiones.

Seara recordó que el juez instructor del caso, que se encuentra en fase de diligencias previas, no ha imputado ninguna responsabilidad penal a los cargos de Medio Ambiente.