"Los matadores andan libres"

La familia del catequista católico Juan Manuel Jerónimo, de 65 años, fue asesinada el 18 de julio de 1982, cuando imperaban en Guatemala el terrorismo de Estado y el general Efraín Ríos Montt, imputado luego en España por genocidio. "Mataron a mi madre, a mi esposa, a mis dos varoncitos y a mis dos mujercitas". El mayor tenía siete años. "Estamos aquí porque en mi país no hay justicia y los matadores andan libres", denuncia Jerónimo. Los guatemaltecos que atestiguaron ante el juez Santiago Pedraz la pasada semana aportaron pruebas estremecedoras sobre la política de tierra arrasada ejecutada por los regímenes militares contra la guerrilla durante un conflicto de 36 años (1960-1996) y más de 200.000 muertos. El 83% de las víctimas eran indígenas mayas.

"Mataron a mi madre, a mi esposa, y a mis cuatro hijos", dice Juan Manuel

La represión pretendió eliminar todo tipo de apoyo civil a las guerrillas

No será fácil el procesamiento, en Guatemala o en España, de los ocho jefes militares cuya extradición reclama el juez, entre ellos Ríos Montt (1982-1983), de 82 años. Juzgarlos será tarea ardua porque, entre otros obstáculos, el ex dictador es diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), su hija Zuri Ríos integra la junta directiva del Congreso, y los 14 escaños del FRG (en una cámara de 154) son cruciales en algunas votaciones. "Todo eso ha generado un manto de impunidad alrededor de estos temas. Las autoridades judiciales no han querido entrar a conocer el tema de genocidio", lamenta José Francisco Soto, del Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos de Guatemala.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional quiere impartir justicia pese a que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala negó a España, el pasado 12 de diciembre, competencia para investigar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, asesinato y detenciones ilegales. Lejos de arredrarse, Santiago Pedraz tomó declaración en Madrid a un grupo de sobrevivientes de las matanzas, en abierto desafío al Estado guatemalteco, incapaz de revisar penalmente su espantoso pasado nacional.

El objetivo de aquella represión, especialmente dura en el sexenio 1978-1984, fue erradicar cualquier tipo de apoyo popular a la izquierda en armas. El 93% de las matanzas fue obra del Ejército y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y el resto, de la guerrilla y grupos sin identificar. Uno de los testigos protegidos de Pedraz contó que, escondida en un maizal, observó cómo los soldados "mataban con cuchilladas a la gente, les cortaban el estómago y las orejas como si fuera animales". Otro testigo agregó que les quemaron sus cosechas y robaron los animales. "En tres meses murieron 600 niños, casi cinco al día (de hambre y enfermedades)". Otra sobreviviente recuerda un día fatídico: "Cinco soldados me tiraron sobre un alambre de púas y me violaron uno por uno, delante de mis hijos". Su familia fue diezmada.

La comisión de tales fechorías fue posible porque soldados, policías y patrulleros fueron entrenados en la insensibilización ante el sufrimiento y se les inoculó un sistema de valores y prácticas ajeno a cualquier consideración humanitaria. La violencia y la crueldad fueron recompensadas con ascensos y otros premios. El adoctrinamiento de la tropa, apenas alfabetizada cuando no iletrada, hizo el resto. "En el Ejército le meten a uno ideas turbias", reconoció un soldado en un informe. "Le dicen a uno que el comunismo viene a quitar tierras, que viene a explotar, y esto y lo otro (...) Y ya el soldado se indigna y dice: 'pues sí: los causantes son los guerrilleros y por eso es que Guatemala está pobre".

El periodista estadounidense Allan Naim, que acompañó al Ejército cuatro meses, en 1982, y publicó trabajos en The New York Times y New Republic, quiso ser testigo: "Las matanzas de Guatemala fueron parte de una política sistemática de aniquilamiento de la oposición", señala. "La creó el Ejército con el apoyo del Gobierno de Ronald Reagan (1981-89). La CIA colaboró con el G-2 [inteligencia militar guatemalteca] para fijar objetivos". Los soldados le comentaban cómo mataban: les ataban las manos por la espalda, les anudaba una cuerda al cuello y, con la bota en el pecho del prisionero, tiraban del cabo hasta el ahorcamiento.

La abogada Almudena Bernabéu, vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, asesora del Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en EE UU, confía en una respuesta europea porque Guatemala viola tratados y convenios internacionales. "Espero que la Unión Europea, reaccione". También lo espera Juan Manuel Jerónimo, sobreviviente de la matanza en la aldea Plan de Sánchez, donde hubo 184 víctimas. Desde un escondite escuchó las descargas de fusilería, los alaridos, el espanto. Las 15 niñas violadas tardaron en morir. "Se llevaron a las patojas [niñas] y les dieron un uso salvajísimo".

"El ministerio público no ha realizado todavía una investigación y, por el contrario, obstaculiza los procesos judiciales", denuncia Soto. "Los recursos de la defensa de Ríos Montt también bloquean todo. Se abusa del recurso de apelación, que tarda un año o año y medio en ser resuelto".

Jesús Tecú tenía 10 años el 13 de marzo de 1982, cuando fue secuestrado por un patrullero sin hijos que, minutos antes, había participado en la matanza de 177 personas de Río Negro. Sus tres hermanos y una hermana, con su hijo, murieron. Los padres fueron asesinados antes de que el patrullero esclavizara a Jesús durante dos años. "Pero yo no tenía la fuerza de un adulto. Era un niño. Me pegaba muy duro con el palo de los bueyes". El cafre se cansó del chaval y le colgó del techo de madera de la casa. "Desperté en el suelo con un lazo en el cuello". Le había salvado la esposa del asesino. Tecú, como el resto, pidió en Madrid la justicia que les niega Guatemala.