Por la vía rápida

El juez Garzón suspendió ayer cautelarmente a PCTV y ANV, partidos para los que pidió el voto la ilegalizada Batasuna en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Durante tres años no podrán presentarse a las elecciones, ni mantener actividad orgánica, pero ello no implica la pérdida de su condición de diputados autonómicos o concejales adquirida en su día por los candidatos electos. La decisión de Garzón se inscribe en el marco de la investigación penal en curso sobre ambas organizaciones (por su vinculación con el complejo dirigido por ETA), ahora integrada en un sumario común con la iniciada en octubre pasado sobre la dirección de Batasuna (a raíz de la detención de varios de sus miembros en Segura).

En ese sumario están imputados 38 dirigentes de Batasuna (por integración en organización terrorista) y 17 de ANV y PCTV (por colaboración). La existencia de tales imputaciones personales era imprescindible para que pudieran aplicarse medidas cautelares en un proceso penal. Sostiene Garzón que no se trata de ilegalizar a tales partidos, sino de impedir la continuidad de un delito de esos dirigentes: permitir su instrumentalización por parte de Batasuna.

La Sala Especial del Tribunal Supremo corroboró la decisión de Garzón al suspender las candidaturas de ANV, con lo que le impide presentarse a las elecciones del 9-M, además de bloquear la entrega de dinero público a esta formación y al Partido Comunista de las Tierras Vascas.

La decisión de Garzón es coherente con las razones que determinaron en su momento la suspensión de Batasuna: los tribunales ya dieron por probada su integración en un entramado dirigido por ETA; ahora se dilucida la puesta de los dos partidos encausados a disposición de ese entramado, cuyo mando supremo decidió atentar ayer contra una sede judicial; es el tercer atentado de este tipo desde que se abrieron nuevas diligencias contra los intentos de dar continuidad a Batasuna. Los propios terroristas ilustran así su pretensión de complementariedad entre política y terrorismo por la que Batasuna fue puesta fuera de la ley.

Carece por ello de lógica la reacción del Gobierno vasco, equiparando burdamente (tras afirmar que no lo pretende) la actitud de ETA y la de quienes tratan de sacar de la competición democrática a su brazo político. Como afirma Garzón, no son las ideas independentistas (hay partidos legales que lo son) sino la colaboración con ETA lo que determina la suspensión. Igualmente incomprensible resulta la actitud del PP: en lugar de felicitarse porque ocurra lo que venía diciendo que debía ocurrir, pone cara de Doña Cuaresma para quejarse de que no haya ocurrido antes. Tal vez el Gobierno pudo instar antes las medidas que han puesto en marcha el proceso de suspensión-ilegalización, pero al menos que no parezca que lamentan que ello haya ocurrido finalmente a tiempo para evitar que ANV presente listas el 9 de marzo.