El PSE fija sus definitivas 'líneas rojas' al plan de Educación y Paz

El 95% del plan de Educación para la Paz está consensuado, aseguró ayer el director de Derechos Humanos, Jon Landa, tras defender la tercera versión del mismo ante la ponencia de Víctimas del Terrorismo en el Parlamento. Sin embargo, ese 5% de su contenido en el que subsistiría el desacuerdo amenaza con dejar solo al Gobierno en defensa del documento.

El Gobierno puede quedarse solo en la defensa del documento

Eso no significa que la iniciativa no vaya a seguir adelante y a ponerse en práctica con su traslado a los centros educativos. El Ejecutivo no tiene por qué someter los planes a votación en la Cámara; de hecho, el plan ya se aprobó en Consejo de Gobierno el 26 de diciembre pasado, con una dotación de 6,5 millones, aportados por el Ejecutivo, las diputaciones y Eudel. Sin embargo, si finalmente ningún grupo de la oposición lo apoya, como parecieron apuntar las intervenciones de sus portavoces al término de la reunión de ayer, esta apuesta del Gobierno nacerá políticamente muy herido.

El PP descartó ya su apoyo y el PSE puso dos condiciones que parecen de difícil cumplimiento para los dos departamentos de EA implicados en el plan: el de Justicia, encargado de su redacción, y el de Educación, que debe aplicarlo. Los socialistas supeditaron su respaldo a que el Gobierno incluya a las víctimas del terrorismo en la comisión de seguimiento del plan y a que retire las subvenciones que la misma Dirección de Derechos Humanos da a "asociaciones que no condenan el terrorismo". Es decir, las que se conceden a Senideak, la asociación de familiares de presos de ETA.

El portavoz socialista en la ponencia de víctimas, Jesús Loza reclamó que el Gobierno sea coherente en su acción con las afirmaciones sobre el principio de deslegitimación del terrorismo" que finalmente ha recogido el plan. La respuesta del Ejecutivo -"un gesto claro", pidió- indicará al PSE si esa deslegitimación es o no para él la prioridad del plan.

Loza recalcó que ambas cuestiones son "las líneas rojas" de su grupo. "Si no se aceptan, no podemos apoyarlo", adelantó, tras resaltar que el PSE ha buscado denodadamente el acuerdo, como probarían los tres documentos que ha aportado a las sucesivas redacciones del Gobierno.

El PP ni siquiera expuso condiciones precisas. "El documento no es aberrante en sí mismo; tiene un pase", admitió su portavoz, Santiago Abascal. "Lo que es aberrante es la práctica del consejero Azkarraga", añadió. Por eso, más allá de los cambios terminológicos aceptados por el tripartito, el documento "no es creíble" y sólo serviría "para encerrar a Azkarraga con él y que se eduque en la paz".

El plan lleva una dilatada y complicada peripecia en su paso por el Parlamento, desde el envío de un primer borrador, hace ahora justo un año, que la oposición consideró inaceptable. Eludía el término "terrorismo" y contextualizaba "la violencia de motivación política" por la existencia de un "conflicto" previo sin resolver.

Para entonces acumulaba ya un retraso de cuatro años, puesto que se trata de un mandato dictado por la ponencia de Víctimas del Terrorismo en junio de 2003. El Gobierno, sin embargo, no se hizo cargo de él hasta mayo de 2006, al incluirlo como uno de los compromisos del Plan de Paz y Convivencia del lehendakari, que la oposición no comparte, porque aúna medidas para las víctimas con otras para los presos de ETA.

La ponencia de Víctimas repasó ayer también el estado de los compromisos con el colectivo y elaboró, por unanimidad, un calendario para garantizar su total cumplimiento antes de la celebración del próximo pleno monográfico, en mayo.