Un foro cívico estima que en 2007 hubo 600 agresiones neonazis

Una mujer de 83 años y vecina de Sagunto es golpeada en la cabeza con un bate de béisbol por dos jóvenes a los que recriminó que intentaran entrar en una casa vacía sin pedir permiso al dueño. Sucedió el 21 de abril.

Dos semanas después, cinco skins echan a correr al paso de un coche de policía en la calle del Pintor López de Valencia. Son detenidos. "Fuera los antifascistas del barrio del Carmen", gritan. Minutos antes, habían golpeado a un grupo de jóvenes. Dos necesitaron atención médica. Otro, rociado con un aerosol, fue trasladado al hospital.

Radwan Daoud, inmigrante libanés de origen sirio, recibe dos puñaladas en un bar en la Avenida de Blasco Ibáñez de Valencia al grito de "¡moro de mierda, vete a tu país!". Sucedió el 16 de noviembre.

Los tres casos están recogidos en sucesivos informes elaborados por el Movimiento contra la Intolerancia, un foro cívico constituido en 1991 para combatir los brotes de xenofobia, las agresiones homófobas o cualquier otro episodio de "odio a la diferencia". Según las estimaciones del observatorio contra la intolerancia, a lo largo de 2007 se registraron en la Comunidad Valenciana un total de 600 agresiones de corte neonazi sobre un total de 4.000 casos en toda España. "Y nos quedamos cortos". Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y portavoz de Acción Popular contra la Impunidad, apuntó ayer en rueda de prensa que la Comunidad Valenciana se ha convertido en un territorio fecundo para "criminales que salen de caza en grupos, armados con bates y navajas para practicar el odio al diferente".

La subdelegación del Gobierno en Valencia considera desproporcionadas las estimaciones del Movimiento contra la Intolerancia. En la provincia de Valencia y a lo largo de todo 2007, apenas se registraron 10 denuncias relacionadas con agresiones fascistas.Un portavoz de la subdelegación del Gobierno explica que la policía solo registra como agresiones fascistas los casos que resultan indiscutibles a partir del testimonio de los denunciantes. "Un skin, por ejemplo, puede ser un fascista, o no", comenta. También explica que entre una denuncia, la calificación del fiscal y la decisión judicial, muchos casos se diluyen. Las agresiones a sedes de partidos políticos sin autor identificado, por ejemplo, tampoco se consignan como agresiones fascistas. Como los gritos contra militantes catalanistas sin que medie agresión física. En cualquier caso, la misma fuente subrayó que la Comunidad Valenciana no sufre más casos de violencia de corte neofascista que cualquier otra zona de España.

Esteban Ibarra se anticipó a la versión oficial al subrayar que el Movimiento contra la Intolerancia no persigue polemizar sobre estadísticas: "No queremos una guerra de cifras, solo queremos empatía con las víctimas". En primer lugar, a través de la creación de una fiscalía especializada en delitos de odio. El foro contra la intolerancia reclama también un registro específico de todos los episodios violentos de odio "como en otros países europeos"

Ignacio, pariente directo de José Luis, el joven apuñalado la madrugada del 27 de enero en la plaza del Cedro de Valencia por un neonazi de apenas 20 años, ilustró con su testimonio la necesidad de empatía que sufren las víctimas de los episodios de odio. "José Luis tiene miedo. Estaba tomando una copa. Unos amigos entran en el bar y dicen que una banda de skins está pegando a la gente, sale a la calle para ver lo que pasa y recibe una puñalada sin mediar palabra. Los hemos visto. Están localizados. La policía actúa con diligencia. Pero el miedo se multiplica cuando los agresores quedan en libertad después de declarar ante el juez. Las víctimas nos sentimos desprotegidas mientras el agresor se siente impune. Estamos hablando de un intento de homicidio. Los amigos de José Luis han sido muy valientes, pero no sabemos cuánto van a aguantar. El último miedo es el silencio".

Tanto el Movimiento contra la Intolerancia como Acción Popular contra la Impunidad respaldan a la familia de José Luis, se sumarán a la causa y calificarán la agresión como un intento de homicidio. Pero el principal escollo para erradicar la violencia gratuita, insisten, reside en el miedo a denunciar las agresiones.