Polémica en Reino Unido por las escuchas a un diputado islámico

En el Reino Unido, las conversaciones entre un diputado y sus constituyentes son tan sagradas como para los católicos el secreto de confesión. Por eso, la noticia de que la policía ha grabado en secreto dos conversaciones entre un diputado y uno de sus electores, preso en la cárcel, ha provocado un gran escándalo. Pero el asunto tiene aún más ramificaciones porque las dos personas objeto de las grabaciones son musulmanes y porque el preso está reclamado por EE UU como presunto terrorista.

Los dos protagonistas son el diputado Sadiq Khan, un abogado del sur de Londres de 35 años, especializado en derechos humanos y estrella ascendente del laborismo, y Babar Ahmad, un vecino y amigo suyo de la infancia acusado por EE UU de controlar varios portales de Internet que apoyan a talibanes y terroristas chechenos. Khan ha hecho campaña por la liberación de Ahmad, pero su extradición parece inevitable, porque Washington y Londres tienen un acuerdo de extradición urgente de sospechosos que se ha aplicado incluso a tres banqueros de la City implicados en un delito económico sin relación con el terrorismo.

El domingo se supo que la policía instaló material de escucha en la sala de entrevistas de la prisión de Woodhill, en Milton Keynes, y que grabó al menos dos entrevistas entre el diputado y su amigo en 2005 y 2006. Las escuchas las realizó un ex sargento de policía, Mark Kearney, que dice que obró mal pero que recibió enormes presiones de sus superiores; y que el escuchado no era el diputado, sino su votante.

El caso ha indignado a los musulmanes y a numerosos diputados, y el Partido Conservador está haciendo todo lo posible para implicar al primer ministro, Gordon Brown, pero se han levantado voces también poniendo la lucha contra el terrorismo por encima de la tradición que deja a los diputados por encima del bien y del mal.

En realidad no se trata de una tradición demasiado antigua en este país de protocolos centenarios. Es la llamada doctrina Wilson: una declaración de este primer ministro laborista que en los años sesenta tuvo que salir al paso de varios escándalos de espionaje a diputados y dio garantías de que el Gobierno no autorizaría la interceptación de las comunicaciones de los diputados.

Pero, aunque el compromiso ha sido renovado por los sucesores de Harold Wilson, la ratificación de Gordon Brown, en respuesta a una pregunta escrita, parece dejar muchas puertas abiertas al matizar que ese compromiso sólo afecta a casos en que el visto bueno dependa del Gobierno. Y en el Reino Unido casi nunca se necesita ese permiso político porque es la propia policía la que se autoriza a sí misma a realizar escuchas.

Por ejemplo, se estima que fueron autorizadas la inmensa mayoría de las 253.557 peticiones de escuchas presentadas en los nueve primeros meses de 2006 y que hay unos 600 organismos públicos autorizados a hurgar en los teléfonos, el e-mail o el correo sin siquiera sospechar de los ciudadanos sometidos a espionaje: se puede hacer para descartar posibles sospechosos o para encontrar testigos en asuntos tan dispares como accidentes de trenes o tirar escombros.