Garzón ultima la suspensión de ANV

El juez Baltasar Garzón imputó ayer por pertenencia o colaboración con organización terrorista a Kepa Bereziartua, presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El magistrado completaba así el requisito que le faltaba para poder suspender las actividades de la citada formación independentista, a la que la fiscalía considera una estructura sucesora de Batasuna y un instrumento al servicio de ETA.

La fiscalía afirma que ANV está instrumentalizada por ETA

La ley fija que no es posible suspender las actividades de una empresa, una asociación, un partido, por la vía penal, si ninguno de sus integrantes ha sido siquiera imputado. Y hasta ayer, ningún militante de ANV estaba imputado por Garzón. Además de Bereziartua, el juez imputó también por pertenencia o colaboración con banda terrorista a Alazne Arozena, responsable de la gestión financiera de ANV, y a Antxon Gómez Lorente, ex secretario general de la formación.

La medida adoptada anticipa el fallo del juez. Casi con seguridad, antes de que acabe la semana el magistrado suspenderá las actividades de ANV, lo que supondrá la anulación de las candidaturas que ha presentado a las próximas elecciones, serán clausuradas sus sedes, embargadas sus cuentas y perderá las subvenciones que perciba.

Durante la vista, la fiscal Dolores Delgado reclamó la suspensión por entender que existe una clara vinculación entre ANV, PCTV y Batasuna. La investigación policial a raíz de la detención de la cúpula de Batasuna en Segura el pasado mes de octubre ha permitido destapar el mecanismo que utilizaba ANV para financiar los principales actos de la formación ilegalizada.

Entre los documentos intervenidos por la policía figuran facturas emitidas por Batasuna cuyo coste asumía ANV. La investigación tiene documentación de al menos 15 actos, celebrados entre el 13 de marzo de 2007 y el 12 de junio de ese año (una semana después de la declaración de ruptura del alto el fuego por parte de ETA). De esos 15 actos, en ocho ocasiones los alquileres de locales para las conferencias de prensa de los principales dirigentes de Batasuna fueron abonados en primera instancia por Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Joseba Permach, miembros de la cúpula de Batasuna. Posteriormente, la formación ilegalizada pasaba la factura, con el recibo de las tarjetas de crédito de los tres dirigentes de Batasuna, para que ANV les pagara lo que previamente habían adelantado.

En la documentación figuran seis actos en el mismo hotel de Pamplona, seis en hoteles de San Sebastián y tres más en Bilbao.

De los documentos incautados, señala la fiscal, se concreta una "estrategia económico-financiera común" que lleva a la "financiación de las actividades terroristas del complejo político institucional de ETA, a través de estas organizaciones políticas".

La fiscal destacó el acta de una reunión de los responsables de tesorería de la izquierda abertzale celebrada en junio de 2007 y que fue intervenido en el registro de la sede de Usurbil (Guipúzcoa), en el que se refleja el "carácter ejecutivo de las decisiones" que se adoptan sobre financiación, contabilidad y organización de ANV y la existencia de una tesorería única.

Por último, la fiscal consideró un indicio de delito que agrupaciones locales de ANV justificasen atentados de ETA o los asesinatos de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), como una "consecuencia del conflicto", consultando la redacción del texto con el dirigente de Batasuna Ibon Arbulu.