Derribada la casa de un vecino de Castellón tras diez años de pleitos

Manuel Bueno y su esposa Melania vieron cómo en agosto de 2007 la casa familiar que poseían en El Grau de Castellón era derribada. La causa, según relatan, es la ejecución de un plan urbanístico -el PRI-21-, varias veces revisado por el Ayuntamiento de la capital de La Plana, y que les trae de cabeza desde hace más de una década.

"El Ayuntamiento nos ha ido dando largas durante todos estos años"

Tras pasar un auténtico "calvario", Manuel denuncia que le derriben "una casa legal" y quieran indemnizarle con "una cuarta parte de lo que vale el inmueble", según una tasación del departamento de Economía y Hacienda. "Nos ofrecían 15.000 euros por una casa de 210 metros [111 edificados y el resto, de terrazas], cuando una peritación privada y otra oficial estimaron el precio en 60.000 euros", relata Manuel. Al final, el urbanizador ofreció 30.000 euros por la casa. El propietario, al revisar el tiempo que ha durado la tramitación del proyecto, asegura: "Hemos sufrido todo tipo de presiones hasta que nos derribaron la casa. Al final, no nos queda otra salida que acudir a los tribunales".

El calvario, como ellos lo describen, comenzó en la década de los noventa, cuando la familia Bueno, dueña de una caseta en El Grau de Castellón, se enteró de la existencia de un plan que afectaba de lleno a su propiedad y a otras nueve casas del alrededor. Los vecinos afectados presentaron alegaciones porque consideraban lesivo el plan, tramitado al amparo de la derogada LRAU. Entonces les contestaron que el bien social primaba sobre el particular y rechazaron sus argumentos. En 2002, tras la aprobación del nuevo PGOU de Castellón, el plan que afectaba a la familia Bueno estuvo a punto de aprobarse, pero al final se aplazó en busca de un acuerdo con los vecinos. El acuerdo supuso el realojo de cinco vecinos de la zona. "Pero a nosotros nos excluyeron porque nuestra casa era segunda residencia", explica Manuel.Con los propietarios se reunieron el agente urbanizador -Jardines de Castalia-, responsable de la reparcelación de la unidad UR-81, y la teniente de alcalde del Grau de Castellón. "La mayoría de vecinos que no son realojados vendieron al final su propiedad por el precio que el urbanizador tasó. Las indemnizaciones previstas en el PAI quedaron en el aire hasta la reparcelación del terreno", relata Manuel Bueno

Dos años después, en 2004, el Consistorio aprobó el modificado de este plan y tasó la propiedad de Manuel en 15.000 euros el suelo y en otros 15.000, la casa. "Los inmuebles que el urbanizador compró se llenaron de okupas que se abastecían de agua desde mi casa", recuerda Melania. También empezaron a sufrir robos, que denunciaron a la policía y al Ayuntamiento, pero al final no les quedó otra que tapiar puertas y ventanas para evitar el expolio. "Había basura y trastos viejos por todos lados", añade esta mujer.

Manuel inició una cruzada particular que le llevó decenas de veces hasta la casa consistorial para plantear su caso a la abogada del Ayuntamiento, a los técnicos e incluso al entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Alberto Fabra. "No nos dieron ninguna solución". En el interín, Manuel vendió el solar sobre el que se asienta su inmueble, y pagó de su bolsillo una tasación, que valoró la casa en más de 60.000 euros. Por si ayudara a su caso, Bueno pidió una revisión catastral que elevó el valor "solo de la casa" a 30.000 euros. Esta tasación, dice el afectado citando un real decreto de 1993, es la mitad del precio real de una propiedad, con lo que la valoración oficial viene a coincidir con los 60.000 euros calculados por la tasadora privada. La última cifra que le ofrecían era de 30.000 euros, pero Manuel la rechazó a sabiendas de que solo le quedaba la vía contencioso-administrativa para defenderse. El plan prosiguió con su tramitación y en agosto del año pasado su casa fue derribada por el agente urbanizador. "Independientemente de lo económico, lo grave es la retahíla de daños morales que hemos sufrido durante todo este periplo", describe Manuel tras chocar una y otra vez contra con la maquinaria de la Administración. "El Ayuntamiento nos ha ido dando largas durante todos estos años", se lamenta Manuel Bueno.

Ni el Ayuntamiento de Castellón ni Jardines de Castalia respondieron a las llamadas de este diario para conocer su versión del caso.