CiU, PP y los obispos, contra la Ley de Centros de Culto

Invasión de competencias municipales. Éste es el principal argumento de Convergència i Unió para rechazar la Ley de Centros de Culto que hoy comienza a tramitarse en el Parlament y que ha venido precedida por numerosas críticas del PP y de los obispos catalanes.

El proyecto de ley obliga a los municipios a reservar suelo calificado como equipamientos para construir edificios de culto en caso de que existiera demanda. Y no distingue entre religiones, lo que ha indignado al episcopado catalán, que considera que un mismo texto no puede regular creencias "tan diversas" como las que actualmente conviven en Cataluña.

Lo que pretende el Gobierno catalán es que determinados ayuntamientos no puedan rechazar la apertura de oratorios musulmanes o de los testigos de Jehová escudándose en normativa local a menudo confusa. El texto fija unos mínimos parámetros de calidad y salubridad para los oratorios.

En Cataluña hay censados 3.500 locales para uso religioso, en su mayoría iglesias católicas. Con la nueva ley, todos los locales deberán contar con una licencia municipal de actividades de culto o reunión.

Por otra parte, los grupos del PSC, ERC e ICV-EUiA llegan al pleno de hoy con una enmienda pactada a una moción de CiU en la cual se marcan como objetivo conseguir "la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto y reducir de manera efectiva el déficit fiscal de Cataluña". La moción de CiU, sin visos de prosperar, pide directamente para la Generalitat los resultados del concierto económico, sin que ello sea de forma progresiva.